El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que 832 policías en Bolivia están encargados de vigilar a procesados que obtuvieron detención domiciliaria.
Durante un acto público en Cochabamba el 14 de mayo, Del Castillo expresó su descontento. “Actualmente, tenemos 832 policías cuidando a delincuentes en sus casas para evitar que escapen, cuando deberían estar en las cárceles y esos efectivos sirviendo al pueblo”. El Ministro también criticó las decisiones de los jueces en relación a estas liberaciones.
Del Castillo dio a conocer esta información mientras inauguraba el Módulo Urbano Policial de Primero de Mayo. En este nuevo establecimiento se asignaron 30 agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y de Tránsito. La autoridad destacó que una de las principales responsabilidades de la Policía es garantizar la protección del pueblo, pero expresó su preocupación por la falta de “acompañamiento” por parte de las autoridades judiciales, quienes en ocasiones ponen en libertad a los imputados.
“No hay un acompañamiento (…). Hay malos administradores de justicia y malos fiscales”, afirmó.
En la oportunidad, mencionó la presentación de un proyecto de ley denominado “Lo Ajeno No Se Toca” que pretende endurecer las penas contra los delitos contra la propiedad como robo, hurto, abigeato y juqueo.
“Es importante mencionar que esta iniciativa legislativa denominada Lo Ajeno No Se Toca es originada debido a que el pueblo boliviano está cansado de los delincuentes que cometen delitos contra la propiedad constantemente, y entran y salen de las cárceles como si fuera su casa. Lastimosamente, en nuestro país esto se ha convertido en algo habitual y ya no vamos a permitir esta conducta tan dañina”, aseveró la autoridad.
Según reportes estadísticos en Bolivia se registraron 21.330 delitos contra la propiedad el año 2023, de esta cifra 2.931 personas ingresaron a centros penitenciarios por la comisión de hurtos, robos, robos agravados, abigeatos, jukeos, entre otros. Sin embargo, el 82% de las personas aprehendidas obtuvieron libertad a pesar de haber cometido faltas contra la ley arrebatando el patrimonio de terceros. Tan solo el 2.78% de las denuncias efectuadas ante la Policía Boliviana tuvieron sentencia condenatoria propiciando impunidad para los delincuentes.
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