El caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes mexicanos a manos de narcotraficantes, cumplió el martes nueve años sin que se conozca el paradero de 40 de ellos ni los móviles del crimen, que salpica a militares.
Aunque el hecho es atribuido al cártel Guerreros Unidos y policías a su servicio, no están claras las motivaciones, pero sí hay consenso en cuanto a que otras autoridades estuvieron al tanto de los hechos que terminaron probablemente con el asesinato de los jóvenes.
Una investigación de juristas internacionales y otra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfocaron en desmontar la llamada “verdad histórica” planteada por el anterior mandatario, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que descartó la participación de mandos militares.
Esa versión concluyó que los jóvenes fueron ejecutados, incinerados y sus restos arrojados a un río, luego de que Guerreros Unidos los confundiera con delincuentes enemigos. Limitó así la responsabilidad a pistoleros y policías municipales.
Actualmente están detenidos el ex fiscal general Jesús Murillo Karam, dos generales, 20 miembros del Ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero no hay condenas.
Los familiares de las víctimas acusan al Gobierno de no haber entregado toda la información que posee sobre los eventos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
López Obrador alega que su Gobierno ya compartió con los fiscales todo el material disponible, incluyendo documentos militares y de inteligencia e interceptaciones telefónicas de Estados Unidos a Guerreros Unidos.
Los jóvenes fueron secuestrados tras apoderarse de autobuses en los que viajarían a una manifestación en Ciudad de México. Solo han aparecido restos incinerados de tres de ellos.
¿Qué dice el Gobierno?
Según el informe presentado en agosto de 2022 por la gubernamental Comisión de la Verdad (Covaj), los alumnos de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados y se trató de un “crimen de Estado” por la acción u omisión de “autoridades estatales y federales”.
La Covaj y la Fiscalía basaron su pesquisa en los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado en 2015 por acuerdo entre México y la CIDH.
El reporte confirmó la presencia de un soldado infiltrado como informante, que desapareció con los 43, y reconoció que autoridades federales estuvieron informadas “en todo momento” de la situación.
¿Qué estableció el GIEI?
El GIEI, cuya labor culminó en julio pasado y es respaldada por los familiares, denunció que la documentación entregada por el Estado “es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones” sobre el día del crimen y fechas posteriores.
La comisión de expertos “se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes”, señaló.
Y aunque reconoció “voluntad política” de López Obrador para abrir archivos del Ejército, la Marina y los servicios de inteligencia, reprochó su insistencia en ocultar información.
El privado Archivo Nacional de Seguridad, que publica documentos desclasificados por EEUU, aseguró que ese país sabía que los autores del crimen “tenían aliados en todos los niveles del gobierno mexicano”.
AFP
