Funcionarios que trabajan con legisladores de las bancadas de oposición y el bloque ‘arcista’ denuncian que están en medio de un fuego cruzado entre los distintos bloques de senadores y el ala ‘evista’, en el que también participa la Dirección Jurídica del Senado. Aseguran que son víctimas de represalias y que vulneran sus derechos laborales constitucionales porque no les pagan sus sueldos, no pueden renovar sus contratos y su situación laboral es incierta.

Los funcionarios de esa repartición legislativa denunciaron a EL DEBER que estas acciones son impulsadas por el nuevo director jurídico del Senado, el abogado Israel Quino, quien, según los trabajadores, en coordinación con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez y Evo Morales, impulsan una serie de acciones como una suerte de represalia por el recurso que presentó el bloque ‘arcista’ ante el TCP y que suspendió de forma temporal las atribuciones de la directiva camaral.
Sin embargo, desde la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores comunicaron a EL DEBER que «no existe ningún congelamiento de cuentas de nuestra institución y a la fecha todas las funciones administrativas de este ente camaral se desarrollan con total normalidad».
Afirman, además, «que el pago de salarios a todo el personal de planta (ítem) y personal eventual (contrato) correspondiente al mes de diciembre de 2023, fue realizado con la regularidad debida». De esta forma, se rechaza las acusaciones mencionadas.
Los hechos
Este medio tuvo acceso a una de las cartas que hicieron llegar los funcionarios de esta Cámara a varias oficinas administrativas, entre ellas al oficial mayor de la Cámara de Senadores, Raúl Salinas, en la que le hacen conocer su preocupación por el conflicto que se suscitó en esa instancia.
La principal observación se centra en el comunicado del 3 de enero. En él, se señala que “no se cuenta con la resolución de la directiva necesaria para aprobar asignaciones presupuestarias para el área legislativa”.
Previo a este aviso, el 21 de diciembre de 2023, la oficina de Recursos Humanos del Senado emitió el comunicado CS OM N° 014/2023-2024, dirigido a todas las instancias camarales para la contratación de personal eventual y los requisitos que deben cumplir para tal efecto. No obstante, el 3 de enero sale se comunicado de que todo está suspendido.
Todo esto, aparentemente, porque el TCP en el Auto Constitucional 558/2023 -CA de 29 de diciembre de 2023, suspendió las atribuciones de la directiva camaral. Cuatro senadores del bloque ‘arcista’ presentaron un recurso ante el TCP en contra de la convocatoria a sesión publicada por Rodríguez y que contradice la instructiva del presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, donde dispone receso parlamentario.
La decisión de Choquehuanca también llega cargada de polémica. Se conoció un día después que más de dos tercios de los legisladores rechazaron formar una comisión especial porque no estaban de acuerdo en ir a vacacionar.
En la carta, los funcionarios del Senado hacen notar que la directiva camaral por norma y reglamentos internos no tiene tuición para cuestiones administrativas, es decir, no está bajo su cargo, pago de sueldos o contrataciones. Eso le corresponde a la MAE.
“Su autoridad como MAE del sistema administrativo de la Cámara de Senadores, conforme al artículo 181 del reglamento de la Cámara de Senadores, tiene toda la tuición de emitir los actos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución del presupuesto”, se lee en parte de la misiva.
La misma continúa: “es por ello que la emisión del comunicado referido (a la suspensión de la designación de recursos) y el cortado del biométrico de fecha 4 de enero, constituye una vulneración de nuestros derechos al trabajo y remuneración justa contemplados en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado”.
Del mismo modo, los funcionarios hacen notar que en el Auto Constitucional del TCP, en ningún punto señala que se deben suspender los actos administrativos. “La suspensión de competencia de la directiva alcanza únicamente a los actos emergentes de las sesiones 30, 31 y 32 de la Cámara de Senadores y no así a los actos administrativos los cuales deben cumplirse conforme a ley”.
Los funcionarios que se contactaron con este medio hacen notar todas estas observaciones y señalan que el abogado Quino propició estas acciones, vulnerando los derechos de más de 250 funcionarios de la Cámara Alta.
“Este tema es una represalia contra los cuatro senadores arcistas que presentaron el Amparo contra la sesión que convocó Andrónico y pretenden que todos los funcionarios del área legislativa del Senado se pongan en contra de éstos senadores ‘arcistas’ (…) todos los funcionarios del área administrativa coinciden en que este problema lo ha generado a propósito el abogado Israel Quino, para que se diga que ‘por culpa de estos cuatro senadores se ha paralizado todo el trabajo en el Legislativo”, dijo una fuente de esta instancia camaral a este medio que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.
Otro funcionario camaral dijo que este hecho “perjudica a todo un conglomerado de compañeros que trabajamos bajo la modalidad de personal eventual bajo la Partida 121. En este momento estamos en el limbo y están mezclando intereses políticos con nuestro trabajo que es netamente técnico y en el marco de lo que establece el reglamento”.
Esta segunda persona que se comunicó con EL DEBER también responsabilizó al abogado Quino, quien, según su versión, “ha instruido que no salgan los contratos y no se ejecute el presupuesto y todos nos veamos perjudicados”.
En contra parte, la Oficialía Mayor del Senado explicó que «el proceso de contratación de personal eventual (personal de contrato) 2024 se encuentra descontinuado debido a que de las solicitudes de contratación presentadas hasta la fecha incumplieron requisitos formales establecidos».
En el comunicado que hicieron llegar a EL DEBER señalan un caso específico referido a Huber Armin Villa Aliaga «autonombrado representante de los ex funcionarios de la Cámara Alta». De acuerdo al texto, «ningún Senador o Senadora hasta la fecha pidió recontratarlo para este 2024; por lo que desvirtuamos categóricamente cualquier versión desinformativa e irresponsable que genere confusión de manera malintencionada».
Por su parte, el abogado Quino desvirtuó las acusaciones que lo sindican como impulsor de esta supuesta represalia. Pidió disculpas por no extenderse en las justificaciones puesto que se encontraba bajo supervisión médica debido a un problema de salud. Durante la breve conversación telefónica, Quino interrumpió la conversación en diversas ocasiones afectado por una intensa tos.
Quino, conocido en La Paz, como analista especializado en temas constitucionales, desde principios de diciembre de 2023, ocupa el cargo de “Director General de Asuntos Legales”, del Senado. El hecho se conoció a través del comunicado 02/2023-2024 de la Dirección de Recursos Humanos.
Esta oficina instruye a todo el personal del área administrativa y legislativa de la Cámara de Senadores que “a partir del mes de diciembre de la presente gestión (2023), toda la correspondencia deberá dirigirse al nombre del abogado Israel Adrian Quino Romero (sig)”.
El Deber