Asamblea aprueba ley de transferencia obligatoria del 1.5% del IDH departamental a cada municipio de Tarija
En una sesión cargada de tensiones el viernes 9 de febrero, al término de la jornada laboral, la Asamblea Departamental de Tarija aprobó una polémica ley que incrementa en un 33% los recursos transferidos a los alcaldes municipales. Esta decisión ha desatado una serie de cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia.
«La ley aprobada modificó del 1 al 1,5% el monto de regalías que recibirán cada uno de los alcaldes de los recursos de regalías IDH, no respetando el contenido del proyecto de ley que acordaron el Gobernador Oscar Montes y los Alcaldes suscrito en diciembre de 2021», expresó Mauricio Lea Plaza, asambleísta departamental de Tarija.
La aprobación de la ley, liderada por el bloque conformado por los asambleistas disidentes de Unidos, el MAS evista y dos asambleístas indígenas, ha generado controversia debido a múltiples razones.
En primer lugar, Lea Plaza, se señala que el procedimiento legislativo empleado para su aprobación vulnera varios artículos del Reglamento General de la Asamblea Departamental, lo que ha generado críticas sobre el respeto al debido proceso normado.
«Resulta inaudito que 17 asambleístas departamentales hayan votado por una ley que le quita recursos al Gobierno Departamental y se los entrega a los Alcaldes, cuando su principal responsabilidad es la defensa del interés y los recursos departamentales, por lo que éste es un acto de verdadera traición institucional», enfatizó Lea Plaza.
El asambleísta de Unidos respaldo su descontento con la aprobación de esta ley mediante datos que demuestran que la misma es inviable debido a la rebaja de recursos económicos que llegan al departamento.
“En el 2022, el Gobierno Departamental recibió un total de Bs. 574 millones en regalías, mientras que en el 2023 esta cifra se redujo a Bs. 449,5 millones, representando una disminución del 22%. Para el 2024, se presupuestó un monto aún menor, alcanzando los Bs. 464 millones, lo que implica una disminución acumulada del 35% entre 2022 y 2024” aseveró.
Asi mismo Lea Plaza indico que a pesar de este panorama financiero desafiante, la ley fue aprobada sin el pronunciamiento obligatorio del Órgano Ejecutivo sobre el nuevo monto, lo que implica que el Gobernador está obligado a ajustar los programas sociales y productivos a cargo del Gobierno Departamental.
En este contexto, se evidencia una clara división en la Asamblea, con el bloque mayoritario tomando decisiones que son interpretadas como un boicot a la gestión del Gobernador, afectando directamente los intereses y recursos departamentales.
Andaluz