La Procuraduría General del Estado presentó ayer martes una denuncia penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez por privatizar la defensa del Estado al contratar abogados externos, nacionales y del extranjero para atender 10 casos en mucho de los cuales no fueron de utilidad.
Esto habría ocasionado un daño económico al Estado de algo más de 5.433.603 millones de bolivianos.
El procurador César Siles detalló que Chávez fue denunciado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que tienen una pena máxima de 10 años de privación de libertad, según el Código Penal.
“El delito de conducta antieconómica está presente en estos 10 contratos. El delito de conducta antieconómica exige un sujeto activo, que es una máxima autoridad ejecutiva, en este caso era el Procurador General del Estado”, explicó y añadió que en los cerca de tres años de gestión de la exautoridad hubo “una mala administración, decisión y gerencia”.
De acuerdo con el director jurídico de la Procuraduría, Aldo Torrez, la denuncia se centra en 10 de más de 30 contratos que se firmaron en la gestión de Chávez y que fueron sometidos a una auditoría.
El monto global de los contratos suma Bs 11.953.800 de los cuales se ejecutaron o pagaron Bs 5.433.603.
Entre las irregularidades identificadas está la firma de contratos, porque no “se tenían la justificación necesaria” debido a que la Procuraduría cuenta con la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con más de 20 abogados, que debía asumir esta labor.
La Procuraduría cuenta con una planta de 200 funcionarios. De ellos, más de 170 son abogados.
MÁS DE 3.000 FOJAS DE PRUEBA
La Procuraría presentó 3.005 fojas de prueba. Siles definió estos hechos como un acto de corrupción que merece esclarecimiento y sanción.
“Queremos recuperación del daño económico ocasionado al Estado”, aseguró, anticipando que después del proceso penal se abrirá uno civil para atender el daño económico causado al Estado.
ABI
