Plantean una ley para debate obligatorio en elecciones presidenciales
El abogado constitucionalista Paúl Antonio Coca presentó ante la presidencia de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley ‘Debate Obligatorio para Candidaturas del Binomio Presidencial’, que busca instaurar la obligación de debatir para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, tanto en primera como en segunda vuelta. La iniciativa impone sanciones a quienes no se presenten a los debates.
El documento consta de tres capítulos, seis artículos, tres disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria. La propuesta establece dos debates presidenciales y uno vicepresidencial en la primera vuelta, mientras que, en una eventual segunda vuelta, se prevé un debate obligatorio para ambos candidatos.
Entre las disposiciones más destacadas, el proyecto obliga al Órgano Ejecutivo a transmitir los debates a través de todos los medios de comunicación estatales, sin que esto implique un gasto adicional en su presupuesto. Además, las señales deberán ser puestas a disposición de los medios privados sin costo alguno y deberán contar con interpretación en lenguaje de señas.
Las sanciones para los candidatos que no asistan a los debates son progresivas: una primera inasistencia implica la suspensión inmediata y definitiva de toda publicidad estatal; una segunda inasistencia acarrea una multa equivalente a 20 salarios mínimos y la remisión de antecedentes a la Contraloría; y, en caso de una tercera inasistencia, el candidato quedará inhabilitado de manera definitiva del proceso electoral.
Paúl Antonio Coca, impulsor de la iniciativa, destacó que su motivación principal es la necesidad de fortalecer la cultura democrática en el país. “Es un deber ciudadano exigir que quienes aspiran a gobernar presenten sus ideas y propuestas ante el pueblo. El debate es un elemento esencial para consolidar una democracia fuerte y transparente. El pueblo merece mejores días”, afirmó.
La presentación de esta propuesta coincide con un contexto de crecientes cuestionamientos al desempeño de los legisladores actuales y con la reciente iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en noviembre de 2024 remitió a la Asamblea Legislativa.
El TSE plantea en ese escenario la obligatoriedad del debate para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales durante la campaña electoral, con sanciones económicas y restricciones en el acceso a fondos de propaganda estatal para quienes no cumplan con la normativa.
El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó en su momento que la finalidad de la iniciativa es garantizar que el voto ciudadano sea informado y fortalecer la democracia en Bolivia.
“El proyecto de ley plantea una obligación para que todos los candidatos a presidente y vicepresidente debatan sus propuestas y den a conocer sus planes de gobierno. El objetivo es que el electorado tenga acceso a información clara y directa”, indicó.
El proyecto del TSE junto con otras iniciativos debería debatido en una reunión programada para el 17 de febrero, en la que participarán representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo y de las organizaciones políticas del país.
En ese encuentro también se tratarán temas relacionados con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la equidad de género en las candidaturas.
Estas propuestas se han planteado en un el marco de una agenda electoral que se cumplirá este año con miras a la renovación de los principales órganos del poder público del país. Hasta el mes de abril se deben cerrar las inscripciones de candidatos y las alianzas con miras al día de la votación previstas para el 17 de agosto. La previsión del TSE es que la segunda vuelta sea el 19 de octubre y el cambio de mando el 8 de noviembre.
El Deber