A cuatro meses de conocerse la orden de aprehensión librada en contra del expresidente Evo Morales, acusado por el delito de trata y tráfico de personas presuntamente por haber embarazado a una menor de edad, la justicia boliviana no ha podido sentarlo en el banquillo de los acusados ni los grupos tácticos de la Policía ejecutaron los operativos en el trópico de Cochabamba para su detención.
Desde el refugio de Morales en la localidad de Lauca Ñ, las organizaciones sociales afines masificaron las vigilias en las últimas semanas, para neutralizar cualquier acción policial para aprehender a su líder cocalero. La conocida como guardia sindical resguarda permanentemente al expresidente.
Y mientras la espera para detener a Morales se prolonga, el jueves 13 de febrero en Tarija, el Juzgado de Instrucción Cautelar Quinto dispuso liberar con medidas sustitutivas a Emeterio V., progenitor de Cindy Saraí, la presunta víctima de estupro del caudillo cocalero, que permanecía recluido en la cárcel de Morros Blancos desde octubre de 2024 después de que fuera acusado por la Fiscalía departamental de Tarija por no denunciar el delito de trata que involucraba a su hija menor de edad en ese tiempo, cuando ocurrieron los hechos y mantenía una relación sentimental con Morales. Era la única persona aprehendida en esta investigación.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se refirió al caso y dijo, a título personal, que entiende porqué la Fiscalía inició en su momento una investigación hacia los padres de Cindy, y eso se debe porque, asegura, se vulneraron los derechos de la menor. “Si dejan en libertad al padre de una víctima de violación, creo que es lo que corresponde en la justicia”, indicó.
Luego, aclaró que el principal objeto de las pesquisas en este delito es el expresidente Evo Morales y para ello la Fiscalía debe cerrar todos los elementos que conciernen a la investigación.
“La investigación se debe centrar en cómo y cuándo se procedió a violar a una niña de tan solo 15 años y producto de esa violación hubo un embarazo infantil o un embarazo adolescente en nuestro país. El objeto y sujeto de esta investigación tiene que ser el violador. Todo lo concerniente a la víctima se debe proteger para evitar una revictimización de esta persona”, subrayó.
Del Castillo enfatizó que continúan trabajando para hacer justicia para que nadie en el territorio crea que violar a una niña significa impunidad. Además, dijo que el Ministerio de Gobierno logró retornar a este proceso porque se consiguieron todas las pruebas y elementos de investigación y cuando el Ministerio Público lo autorice, se darán a conocer estos elementos para conocimiento de la ciudadanía.
“Debo manifestar categóricamente que no existirán dudas razonables que el señor Evo Morales violaba a niñas cuando ejercía la Presidencia de nuestro país”, dijo.
El abogado de Emeterio V., Aníbal Cabezas, dijo a EL DEBER que durante la audiencia, el Ministerio Público intentó persuadir al juez para que se amplíe la detención preventiva de su defendido por dos meses más; pero que, al final, se impuso la decisión judicial.
“El señor V. no tuvo nada que ver con este delito; él es un obrero de 67 años de edad y estuvo alejado de su familia durante ese tiempo (que ocurrió la violación)”, reafirmó Cabezas.
En el caso de trata de personas también fue imputada Idelsa P. S., madre de la joven Cindy Saraí. Sin embargo, a mediados de enero fue declarada en rebeldía por la justicia, y pesan sobre ella una orden de aprehensión y arraigo, por no presentarse a la audiencia cautelar realizada en enero pasado.
Ratifican aprehensión
En ese contexto, el mismo jueves 13 del mes en curso, el juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia de las Mujeres 5º de Tarija, Nelson Rocabado, ratificó liberar la orden de aprehensión en contra de Morales con la anotación preventiva de sus bienes, después que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese mismo departamento rechazó un recurso de apelación que presentó el exmandatario para dejar sin efecto el proceso que se sigue en su contra. Ya en enero, un juez de Tarija lo declaró en “rebeldía” por no presentarse en dos ocasiones a una audiencia de medidas cautelares por el caso de trata agravada.
El ministro de Gobierno ponderó que “los jueces han obrado de acuerdo a ley” puesto que el exgobernante “no goza de ningún tipo de privilegio”. Mientras el fiscal General del Estado, Róger Mariaca, manifestó que aguardan que la Policía cumpla con la orden de aprehensión. Es más, ofreció la colaboración del Ministerio Público en caso de que se deban realizar allanamientos u otros actuados de su competencia.
El senador del MAS y fiel acompañante de Evo, Leonardo Loza, afirmó que las bases decidieron que Morales permanezca en el trópico cochabambino en resguardo de su vida e instalaron vigilias para impedir su aprehensión. Es más, adelantó que a la cabeza del exjefe de Estado, en fecha no confirmada aún, llegarán a La Paz con más de 100.000 personas para inscribir su candidatura a la presidencia.
Al respecto, el abogado y exfiscal Joadel Bravo dijo a EL DEBER que con estos antecedentes, no existe voluntad política de aprehender al expresidente, toda vez que temen que Evo Morales aprehendido sea victimizado y ante la proximidad de las elecciones generales, los cálculos políticos están por encima de la administración de justicia.
“El incumplimiento de la legal aprehensión contra Evo Morales denota que en Bolivia hay ciudadanos de primera y de segunda, donde los políticos son inmunes a las penas ordenadas por la justicia”, opinó consultado sobre el tema.
El jurista Bravo consideró que toda aprehensión es pasible de un derramamiento de sangre, pero esto solo es posible si la seguridad de Evo Morales se enfrentara a las fuerzas públicas. “La población, no, porque si bien pueden simpatizar con Evo ellos no son una fuerza armada y entrenada para repeler a las fuerzas regulares y menos todavía si estas cumplen una orden legal de aprehensión”, indicó.
El informe
Los informes de inteligencia que se conocieron el 2024 y a los que tuvo acceso EL DEBER, arrojan que se activó una denuncia planteada “de oficio” por las autoridades pertinentes.
Allí se establece que Morales abusó durante dos años (2014-2016) de la menor, porque cuando comenzó la relación ella tenía 15 años de edad y, además, quedó embaraza. Ella era parte de una organización juvenil que defendía al MAS y que se creó por disposición del mismo presidente.
El Deber
