A Francisco Marupa lo mataron en su comunidad. Torewa está en pleno parque nacional Madidi y es una zona que sufre por diferentes tipos de avasallamientos, entre ellos la minería ilegal y la tala ilegal de árboles. Además, es un área de paso para el narcotráfico. Diferentes instituciones exigen al Gobierno que agilice la investigación del asesinato del líder indígena.
Según la Red Eclesial Panamazónica (Repam Bolivia), la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama Bolivia) y los vicariatos apostólicos de Pando, Reyes y Beni, en la zona donde mataron a Marupa existe la amenaza de asentamientos mineros. Torewa es una comunidad que está muy cerca de los ríos Rupia y Sabacal, que confluyen al río Beni. Estas aguas son muy codiciadas para extraer oro de manera ilegal.
“Este lamentable incidente pone de manifiesto la creciente violencia en las comunidades indígenas de Bolivia, especialmente en áreas donde la minería ilegal y otros proyectos extractivos avanzan sin control. La ausencia del Estado en la protección de estos territorios es señalada como un factor que contribuye a la escalada de conflictos y agresiones contra líderes indígenas que defienden sus tierras y recursos naturales”, dice parte de un comunicado enviado a este medio por las instituciones eclesiásticas.
Estas mismas entidades establecen que la “muerte de Francisco Marupa representa una pérdida irreparable para su comunidad, y pone en evidencia la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente”.
Líder indígena
Marupa se desempeñaba como presidente de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. Era reconocido por su firme defensa de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y por su oposición a actividades extractivas ilegales en áreas protegidas, especialmente en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
El líder indígena es reconocido por su lucha contra la minería aurífera ilegal y otros proyectos que amenazaban el ecosistema y la cultura de los pueblos originarios.
El asesinato de Marupa ocurrió el 15 de febrero. Según declaraciones de su hijo, el líder indígena fue asesinado de manera brutal. “Como animal lo han matado a mi papá, como un venado lo han cazado”, lamentó el familiar.
Este caso conmovió a la sociedad que incluso la Unión Europea (UE) lamentó el asesinato y exigió al Gobierno una investigación. Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, apuró las indagaciones y publicó en sus redes sociales supuestos resultados del hecho. La autoridad concluyó que la muerte de Marupa fue por “problemas personales”.
“La Policía Boliviana aprehendió a Julio Lero Tayo de 20 años, quien reconoció ser el autor del asesinato, porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”, publicó en un mensaje el ministro Del Castillo.
Esa publicación causó molestia en las instituciones de defensa del medio ambiente, ya que denunciaron que Del Castillo adelantó el resultado del hecho sin que haya una investigación seria.
En un video de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), el acusado, cuando era trasladado a Rurrenabaque, a bordo de una lancha, dijo que le “rogaron” para atentar contra Marupa.
Según la activista Ruth Alipaz, el detenido, que ayer fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, no habla español a la perfección y temen que esta persona haya sido contratada para asesinar a Marupa.
“El detenido apenas habla el idioma español/castellano, y tal vez no comprenda la magnitud de lo que declaraba o de lo que se le acusa. Además, no se conoce la presencia de su abogado defensor durante la declaración, por lo tanto tampoco hay garantías de que haya declarado sin presión o coacción”, afirmó Alipaz.
El Deber
