Lluvias: Dejan muertos, desaparecidos y patrimonio destruido; faltan los recursos
Primero fue la sequía, luego los incendios más nefastos en la historia del país, y ahora las inundaciones.
Las lluvias empezaron en diciembre del año pasado, con un comportamiento poco habitual, pues los pronósticos apuntan a que se prolongarán hasta la primera quincena de abril, contrariamente a anteriores gestiones, cuando finalizaban en febrero.
Las recientes precipitaciones ya ocasionaron la declaratoria de desastre en dos departamentos (Beni y Oruro) y de emergencia en tres (Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca), que ayer derivaron en la declaratoria de emergencia nacional, de parte del presidente del Estado, Luis Arce Catacora.
El mandatario justificó la medida con la situación de esas cinco regiones, pero además con otras cifras dramáticas, como la pérdida de 51 vidas, la desaparición de ocho personas, los daños a las viviendas y también a la producción alimentaria.
De las 51 muertes por las inclemencias de las lluvias, 18 se registraron en Cochabamba, 12 en La Paz, ocho en Potosí, seis en Chuquisaca, cuatro en Tarija y dos en Santa Cruz.
“(Esta medida) va a permitir agilizar la respuesta a los daños, gestionar recursos, movilizar mayores recursos a los lugares afectados, la elaboración del plan post inundaciones, dado que la afectación es a los nueve departamentos. Hay 209 municipios y 2.596 viviendas afectados; 818 casas destruidas que vamos a tener que reconstruir; 29 unidades educativas afectadas por inundaciones, seis unidades determinaron suspender las clases”, explicó Arce, rodeado de seis de sus ministros.
Ante este panorama, Arce convocó públicamente a los nueve gobernadores a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) para este lunes 31 de marzo, en la Casa Grande del Pueblo.
Los daños
Hasta el momento, La Paz es el departamento más afectado, con 44 de los 92 municipios declarados en desastre en todo el territorio nacional. Le siguen Cochabamba (12), Potosí (10), Oruro (8), Chuquisaca (7), Beni (6), Santa Cruz (3) y Tarija (2), pero en total son 204 los gobiernos municipales que reportan afectaciones.
Los daños en viviendas, cultivos y caminos se sienten en 4.362 comunidades, de las cuales 1.703 están en La Paz, 861 en Potosí, 497 en Cochabamba, 494 en Chuquisaca, 352 en Oruro, 270 en Santa Cruz, 121 en Beni, 58 en Tarija y seis en Pando.
Van 368.702 familias sufriendo por las intensas lluvias, entre afectadas y damnificadas: 170.227 en La Paz, 66.671 en Chuquisaca, 53.120 en Potosí, 40.171 en Cochabamba, 16.788 Oruro, 14.682 en Santa Cruz, 6.605 en Beni, 416 en Tarija, y 22 en Pando.
Se reportan 2.473 viviendas afectadas en: La Paz (1.438), Oruro (577), Santa Cruz (90), Cochabamba (89), Potosí (134), Tarija (77) y Chuquisaca (68). Sin embargo, hay 770 completamente destruidas en: La Paz (532), Potosí (101), Cochabamba (90), Beni (28) y Chuquisaca (19).
Santa Cruz
Jhonny Rojas, director de Gestión de Riesgo de la Gobernación cruceña, informó que hasta la fecha son seis los municipios declarados en desastre: Pailón, Lagunillas, Cuatro Cañada, Ascensión de Guarayos, San Julián y Moro Moro.
Asimismo, señaló que los municipios declarados en emergencia son El Puente, Yapacaní, Okinawa y Camiri. Solo en El Puente, provincia Guarayos, ya hay como 30 comunidades completamente anegadas.
Rojas explicó que se tuvo que evacuar a 28 familias afectadas en el municipio de Pailón, además de proceder a la recuperación de caminos en lugares productivos y áreas afectadas, con ayuda de maquinaria del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).
En Puerto Pailas, más de 1.700 personas fueron afectadas por el desborde del río Cotoca, que inundó barrios enteros, como el 3 de Mayo y San Juan.
Asimismo, las comunidades 10 de Noviembre, La Barranca, Los Chacos y 12 de Octubre están anegadas en un 80%.
En la capital cruceña, la Alcaldía cruceña prepara la Ley de Emergencia para disponer con más rapidez de los recursos, y atender los daños causados por las lluvias e inundaciones, ya que se reportan de daños significativos.
Las lluvias han afectado a 66 unidades educativas y 16 centros de salud, además de causar estragos en los sistemas de drenaje de los 15 distritos municipales. Para atender esta emergencia, el Municipio ha cuantificado la necesidad de Bs 58 millones, que serán distribuidos en diferentes trabajos.
El alcalde Johnny Fernández informó que se han detectado crecidas en el río Grande, particularmente en Montero Hoyos (distrito municipal 15), donde se desplegarán más maquinarias y funcionarios con apoyo de la Gobernación. Además, dijo que algunas lagunas de regulación han sufrido desbordes, lo que agrava la situación.
Desde el Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi), el director, Luis Aguilera, dijo que el problema es que la cuenca del Río Grande está súper atacada por las crecidas grandes y extraordinarias que se han dado en La Junta, donde se ubica la estación hidrometeorológica de entrada del Río Grande a Santa Cruz departamento.
“Desde el 4 de marzo hasta la presente fecha está con crecidas extraordinarias. Para tener una idea, el nivel natural del Río Grande en La Junta está entre 5 y 6 metros, pero ha llegado a 13 metros, y se ha mantenido entre 12 a 12,5 y 13 metros, de decir que dobló su capacidad natural de volumen”, explicó.
Aguilera confirmó que en esa parte es donde el año pasado se detonaron explosivos para desviar el curso del río y proteger a los habitantes de Montero Hoyos de un posible desborde.
“Ya quedó frágil la zona la anterior vez porque no se hizo el trabajo que habíamos recomendado inicialmente, ejecutar un canal que absorba la presión que viene del Río Grande, y principalmente porque está en una curvita, que ataca el lado de Montero Hoyos. Eso debería hacerlo la Alcaldía cruceña, sin contraparte porque es un tema eminentemente municipal”, aclaró.
Además, Aguilera explicó que se está negociando con el Viceministerio de Defensa Civil (Videci) para que el Gobierno ponga una parte, y la otra contraparte el Municipio, dada la situación económica, no solo en ese caso, sino en toda la cuenca del Río Grande, y en otras. “También estamos considerando que no falte combustible a las maquinarias que trabajan”, indicó.
Para el director del Searpi, lo que ha salvado del desastre es que de 2009 a 2020 se construyeron defensivos de diversos tipos, estructurales, pero observó que desde hace unos cuatro años no se ha hecho nada en cuestión de obras de protección.
“No tenemos recursos económicos ahora, por eso estamos trabajando con el Gobierno central, para que a través de Videci se consiga el dinero que vendría desde el nivel central, y que después se origine una contraparte de los municipios con problemas”, indicó.
A la falta de obras y de recursos, Aguilera sumó que los bosques ubicados en la parte de las márgenes de los ríos (para servidumbre ecológica), están avasallados o deforestados en 50%, situación que se profundizó en los últimos diez años.
“Encima de que ya no hay bosques en las orillas, está el sedimento que viene de Cochabamba y Sucre, y cualquier crecida extraordinaria puede rebalsar”, alertó.
Molestia en Beni
Alejandro Unzueta, gobernador beniano, dijo que su departamento está pasando una situación caótica, ya que está rodeado por ríos, y que los municipios más afectados.
Lamentó que desde los incendios reciben muy poca ayuda, y que destinan los escasos recursos que llegan, porque les dan un presupuesto, pero solo reciben el 65% de ese monto, “bicicleteamos los pocos recursos”, dijo Unzueta.
El gobernador beniano insistió en que necesita que el Gobierno coordine con ellos, “el Videci siempre nos salta, a pesar de lo que dice la norma”, observó, debido a que se distribuyó ayuda humanitaria en municipios con alerta naranja, y no en los más afectados, con declaratoria de desastre, como se solicitó.
Para el senador beniano Fernando Vaca, una declaratoria de emergencia nacional implica ciertas ventajas, sobre todo para movilizar cuentas y transferencias económicas en los presupuestos de los gobiernos subnacionales y del nacional; sin embargo, cree que puede conjeturarse que el Gobierno dictaminó la emergencia como una forma de apurar la aprobación de los créditos.
Dijo que la espera de las “famosas” declaratorias muestra insensibilidad y mala aplicación de la Ley 602 de Riesgo, al punto que vuelven burocrático todo, frente a los eventos climatológicos.
Para la diputada María José Salazar, a diferencia de los incendios, frente a las lluvias fueron más rápidos para declarar emergencia nacional. “El Gobierno aprovecha estas lluvias para canalizar fondos sin muchos trámites. En cambio, los ilícitos se camuflan con el fuego”, aludió.
PARA SABER
EMERGENCIA EN SANTA CRUZ
A través del Decreto 485, el gobernador en ejercicio Mario Aguilera declaró Emergencia departamental por intensas lluvias, riadas, inundaciones, vientos fuertes, derrumbe y deslizamientos.
DESCONFIANZA
Tras la declaratoria de Emergencia Nacional, emitida por el Gobierno central, la diputada Lissa Claros señalo que está determinación es simplemente para hacer uso de los recursos de los créditos aprobados sin fiscalización.
El Deber