Hacinamiento, infraestructura colapsada y una corrupción enquistada: estos son solo algunos de los males que carcomen el sistema penitenciario en Bolivia. Las cárceles del país se han convertido en escenarios donde reina la violencia, circulan el alcohol y las drogas, y donde la vida vale cada vez menos.
El caso más reciente ocurrió el lunes 27 de abril al mediodía en el penal de El Abra, en Cochabamba. Mauricio Antonio Saavedra A. fue asesinado a puñaladas por otro interno, Miguel Ángel S.M., en un hecho que vuelve a poner en evidencia el descontrol y la violencia que imperan en las cárceles bolivianas. En lo que va de 2025, las muertes violentas en las cárceles del país ya superan las registradas durante todo 2024, cuando se contabilizaron nueve decesos. La cifra actual ya asciende, al menos, a una decena.
Este último hecho se produjo en medio de una rencilla que se arrastraba desde 2024. Ese año, Mauricio Antonio Saavedra A., un joven de 27 años encarcelado por asesinato, ya había sido atacado por el mismo interno que este lunes acabó con su vida.
El asesinato ocurrió a plena luz del día en el penal de El Abra, una cárcel ubicada en la zona del mismo nombre, en el municipio de Sacaba, a la altura del kilómetro 4 de la avenida Villazón. El recinto, que cuenta con tres bloques —A, B y C—, alberga a más de 1.000 reclusos, casi el triple de su capacidad original.
El crimen provocó un alboroto en el ingreso a población. Varios internos intentaron auxiliar a Mauricio, mientras otros buscaron agredir al atacante, Miguel Ángel S.M., quien confesó haber cometido el delito. La agresión ocurrió tras una discusión que terminó en un ataque con cuchillo.
Mauricio murió mientras era trasladado al área de sanidad. Las heridas fueron tan graves que no resistió y falleció en el camino. Tras el hecho, el agresor fue aislado. Cabe destacar que, tras el primer ataque registrado en 2024, las autoridades solicitaron el traslado de Miguel Ángel a otro penal, pero la medida no se concretó. Según explicaron, ese proceso no se ejecutó por “temas judiciales”.
El Abra es uno de los siete recintos penitenciarios de Cochabamba, pero se considera el de máxima seguridad del departamento. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las cárceles del país, la violencia y el hacinamiento no son los únicos problemas: las drogas, el alcohol y los objetos prohibidos, como celulares y otros equipos, circulan con facilidad. El 26 de abril, durante una requisa, la situación quedó nuevamente expuesta cuando se encontraron nueve sobres tipo boticario con marihuana escondidos en unos tenis blancos en una celda del Bloque B. Este hallazgo, lejos de ser aislado, refleja la frecuente evasión de los controles, a pesar de la presencia de equipos tecnológicos y personal encargado de las requisas, lo que deja entrever posibles fallas en el sistema de seguridad.
La falta de control dentro del penal se manifiesta también en hechos que afectan a los visitantes. En febrero de este año, una mujer embarazada que acudió a visitar a su pareja fue golpeada en diversas partes del cuerpo por él, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, una sustancia prohibida en las cárceles. En octubre de 2024, otra muerte violenta sacudió El Abra. Una pelea entre dos internos brasileños terminó con la muerte de Emerson D.B., de 25 años. Deiby N.D.T., de 30 años, aceptó su culpabilidad y fue sometido a un juicio abreviado, que resultó en una condena de 30 años de reclusión, pero fue trasladado al penal de Chonchocoro, en La Paz.
2025 EN CIFRAS
El 18 de abril, por la mañana, un interno del Centro de Rehabilitación de Mocoví, en Beni, perdió la vida tras una brutal agresión. Según el informe de la Fiscalía, la víctima, Benedicto S.S.Q., de 38 años, se recostó en la cama de su compañero de celda, Fael P.A., de 36, y se orinó encima, lo que provocó la furia de este. Fael lo golpeó con violencia, propinándole patadas en la espalda y en la cabeza, que impactó contra el muro, causándole la muerte. Dos días después, el 20 de abril, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, en la que el autor fue sentenciado a 15 años de prisión en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, por el delito de homicidio.
Semanas antes, a finales de marzo, se reportó otra muerte violenta en el penal de San Pedro, en Oruro. Un privado de libertad condenado por narcotráfico fue hallado sin vida en el área de duchas. En un principio, se manejó la hipótesis de suicidio, pero la autopsia desmintió esa versión: el hombre falleció por un estallido hepático provocado por múltiples lesiones internas, lo que reveló una brutal golpiza.
El 4 de febrero se registró un doble asesinato en la cárcel San Pedro de Chonchocoro en La Paz, considerada la prisión de máxima seguridad de Bolivia. Esa mañana, al llamar lista, detectaron la ausencia de dos internos, Guido Ch.T. (23 años) y José Ch.M. (50). Ambos fueron encontrados muertos en una celda del Bloque C, con signos de violencia, pues un cuchillo se utilizó para acabar con sus vidas. Uno de ellos cumplía condena por robo y el otro por violación; ambos habrían fallecido durante la noche.
El doble crimen, junto a otros dos casos ocurridos en la misma cárcel, provocó esa misma tarde el despliegue de un importante número de policías que requisaron la cárcel de máxima seguridad. Allí encontraron cuchillos artesanales, bebidas alcohólicas, electrodomésticos, drogas y otros objetos prohibidos en el interior de una prisión. Además, las autoridades decidieron implementar cambios, como el relevo de todo el personal, y reforzar la seguridad.
Todo esto ocurrió en medio de cuestionamientos, ya que nueve días antes, el 26 de enero, en el mismo recinto carcelario, otro interno, Nabor López H., señalado como líder de una banda dedicada al secuestro en el Trópico de Cochabamba, fue asesinado. El autor del crimen, un privado de libertad de nacionalidad brasileña, utilizó un arma de fuego para cometerlo. Este reveló que un policía le vendió el arma cinco días antes por 4.000 bolivianos, lo que desató un proceso que culminó con la baja del efectivo de la institución del verde olivo.
Según los hechos registrados, en orden cronológico inverso, el siguiente ocurrió en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, donde se reportó un feminicidio seguido de suicidio. Isabel A., de 45 años, ingresó al penal el domingo 12 de enero como visita de su expareja, Jaime López C., de 46, recluido por tentativa de feminicidio. Al finalizar el horario de visitas, los efectivos notaron que quedaba un carnet, por lo que comenzaron a buscar a la mujer, hallándola muerta, al igual que su expareja. Ella murió por asfixia mecánica, mientras que él perdió la vida por estrangulación.
El 3 de enero, un privado de libertad, sindicado de robo, murió de forma violenta en el Centro de Readaptación Productiva (Ceprom) Montero, en Santa Cruz. Su esposa denunció que la víctima presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, lo que indicaba un estado diferente al que tenía al ingresar, por lo que otros reclusos están siendo investigados.
Ese mismo día, otro privado de libertad, Rubén A.M., de 36 años, fue asesinado a puñaladas en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz. Dos internos, William F.V. y Jorge L.G.A., de 25 y 30 años, fueron imputados por homicidio. El crimen ocurrió la noche del jueves 2 de enero. Un policía escuchó ruidos provenientes de una celda del Bloque B y, al acercarse, un interno le informó de una pelea. Al llegar, encontró a uno de los imputados tendido en el piso, mientras que la víctima yacía en el baño, sin signos vitales y con varias heridas punzocortantes en el cuerpo.
La primera muerte a consecuencia de violencia en una cárcel ocurrió el 2 de enero en Morros Blancos, Tarija. El día anterior, un privado de libertad, de 35 años, fue evacuado al hospital debido a una herida por arma blanca. Estaba en terapia intensiva en el hospital San Juan de Dios, donde murió. Dos internos fueron imputados por el crimen.
A todos estos casos se suma el de Mauricio Antonio Saavedra, asesinado en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, un hecho que volvió a exponer la violencia en recintos penitenciarios.
Opini+on
