Hay 40 bloqueos y Evo suma otra denuncia por amenazas en audios verificados
Con más de 40 puntos de bloqueo en al menos cinco departamentos, el país atraviesa uno de sus momentos más críticos del año. Las protestas iniciadas por sectores afines a Evo Morales el pasado 2 de junio —bajo el argumento de la crisis económica— han derivado en una oleada de cortes de ruta, agresiones a civiles, ataques a ambulancias y amenazas directas al proceso electoral del 17 de agosto.
Las movilizaciones, que en la práctica exigen la renuncia del presidente Luis Arce y la habilitación de Morales como candidato presidencial —pese a su inhabilitación constitucional—, han sido señaladas como parte de una estrategia política para forzar una “candidatura inconstitucional”, según afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
“Tenemos más de 40 puntos de bloqueo, más de 30 personas heridas, ambulancias atacadas, médicos agredidos… Eso es lo que está generando el señor Evo Morales”, denunció Alcón.
Denuncia formal
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentó ayer una denuncia penal contra Evo Morales y la dirigente del trópico Susette Rodríguez, por presuntamente haber instruido el cerco a la ciudad de La Paz. La denuncia incluye ocho delitos: terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra los servicios públicos y el transporte, obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, entre otros.
La base de la denuncia es un audio que fue atribuido a Morales. Allí se lo escucha dar instrucciones para bloquear La Paz como parte de lo que llama “la batalla final”. El exdirigente evista Rudy Capquique divulgó esos registros vinculados a una eventual comunicación con Evo.
Según Chequea-Bolivia, el audio fue sometido a pruebas técnicas que descartan que haya sido generado por inteligencia artificial, y concluyen que “tiene alta probabilidad de ser auténtico”.
“Nadie está por encima de la ley ni de la Constitución. No podemos permitir que por una candidatura inconstitucional se genere una convulsión nacional”, sostuvo Alcón. Hoy se cumplen cinco días de la protesta evista.
Pero, las organizaciones sociales afines a Evo ratificaron que no habrá cuarto intermedio en los bloqueos y movilizaciones hasta lograr la renuncia del presidente Luis Arce y la habilitación de Morales como candidato. Dirigentes como Vicente Choque y Enrique Mamani insistieron en continuar con las medidas de presión a pesar de las acciones legales.
La Defensoría del Pueblo insistió ayer en la vía del diálogo para evitar mayores perjuicios y una evenual vulneración de derechos de las personas afectadas.
Monitoreos
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció desde Washington y expresó su preocupación por los hechos registrados desde el 2 de junio. En un comunicado breve, el organismo pidió al Estado boliviano que garantice los derechos humanos en las protestas y que se resguarde el carácter pacífico de las movilizaciones que están en curso.
Y mientras los bloqueos continúan, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) emitió un comunicado en el que advierte sobre el impacto severo que tendrán los bloqueos en la seguridad alimentaria y la producción agrícola de invierno. “No se puede permitir que intereses particulares pongan en jaque la estabilidad económica y social del país. Es momento de decisiones de Estado, no de vocerías que deslinden responsabilidades”, señala el pronunciamiento de la entidad empresarial.
En esa línea, Enzo Landívar, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, explicó que las ciudades del occidente del país ya comenzaron a sufrir por la falta de pollos. “A esta altura ya existe una distorsión en el mercado, porque mientras sube la oferta en Santa Cruz, porque la producción no puede subir, en occidente suben los precios por este conflicto”, afirmó en contacto con EL DEBER. Explicó que, si bien el kilo de pollo bajo en Santa Cruz, en La Paz subió a Bs 30.
Por su parte, el Comité pro Santa Cruz, a través de su presidente Stello Cochamanidis, pidió que el presidente Luis Arce termine su mandato, pero asuma las responsabilidades que le corresponden. “La renuncia no es solución. La solución es que el Gobierno funcione y deje de castigar al país con decisiones absurdas como las restricciones a exportaciones”, remarcó el dirigente luego de cuestionar las restricciones impuestas por Arce.
Violencia
En estos cinco días de bloqueos, las fuerzas de seguridad han reportado una veintena de heridos en los operativos de desbloqueo, mientras que los manifestantes anticiparon otras medidas de presión a partir del 9 de junio.
La radicalización de las bases evistas ha provocado varios hechos violentos. Uno de los más graves tuvo lugar ayer, cuando un grupo de bloqueadores interceptó un vehículo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y se apropió de municiones, visores nocturnos y equipos tácticos. La FELCN denunció el hecho como atentado contra una fuerza oficial y ya investiga a los agresores.
En paralelo, la polarización al interior del MAS se profundiza. El dirigente del trópico Vicente Choque atacó públicamente al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a quien calificó de “traidor”, luego de que este fuera habilitado como candidato presidencial por otra sigla política tras la anulación de la candidatura de Morales.
Ayer, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) instruyó a las autoridades electorales el registro de la candidatura presidencial de Andrónico, la que había quedo en suspenso por acciones legales contra sus aliados. Asimismo, ratificó la nulidad de PAN-Bol, el partido que intentó postular a Evo Morales sin éxito.
Factor electoral
La dirigente Ruth Nina —quien ahora apoya a Evo— amenazó con impedir que otros partidos hagan campaña si PAN-Bol y Morales no son habilitados. Mientras tanto, el abogado Wilfredo Chávez anunció que impugnará la decisión del TCP que confirmó la cancelación de PAN-Bol, aunque esa resolución ya fue ejecutada por el TSE.
Eso sí, Nina rompió el fallo constitucional y anunció su respaldo a las movilizaciones del evismo que demandan la renuncia del presidente Luis Arce, quien debe entregar su mandato en noviembre de este año.
La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, sostuvo que la única vía legítima para definir el rumbo del país es el voto ciudadano, y aseguró que las elecciones generales del 17 de agosto se realizarán “sí o sí”.
“El común denominador de las acciones que ha venido promoviendo Evo Morales es una ambición enfermiza de poder, que busca la habilitación inconstitucional de su candidatura”, afirmó Prada. Según denunció, el exmandatario intenta forzar la renuncia del presidente Luis Arce y sabotear el proceso electoral en curso para volver a postularse, a pesar de estar inhabilitado por la Constitución y por fallos constitucionales previos.
El objetivo es impedir las elecciones y generar convulsión para que, en medio del caos, se lo habilite como candidato”, alertó la ministra. “No normalicemos rupturas constitucionales, no demos ese ejemplo a nuestras hijas e hijos, donde se justifique que los presidentes cambian mediante violencia, convulsión y derramamiento de sangre”, enfatizó ante una probable inerrupción del mandato de Luis Arce.
Análisis
En medio del tenso panorama que vive Bolivia, dos profesionales especializados en el análisis político —el sociólogo Franco Gamboa y el politólogo Orlando Peralta— expresaron su profunda preocupación por las movilizaciones impulsadas por el expresidente Evo Morales.
Coinciden en que estas protestas, lejos de responder a una legítima demanda, buscan desestabilizar al país para forzar una candidatura inconstitucional.
Gamboa advirtió que Bolivia está ingresando a una fase crítica de conflictividad, con amenazas de violencia que no solo afectan a personas en tránsito, sino también a instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“El periodo electoral debería ser una etapa pacífica de transición democrática. Sin embargo, desde 2006 el MAS ha buscado prorrogarse en el poder, alterando la independencia de poderes y violando la institucionalidad democrática”, afirmó.
Recordó que Evo Morales fue inhabilitado por un referéndum en 2016, una sentencia constitucional y una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Pese a ello, insiste en ser candidato y para lograrlo recurre a complots, paralización del país y ataques contra la estabilidad institucional”.
Gamboa también señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha convertido en un partido clientelar y prebendal que teme rendir cuentas sobre su gestión económica. “La solución debe ser legal, pacífica e institucional. El pueblo tiene el poder soberano del voto para poner fin a esta dinámica de irresponsabilidad”.
Orlando Peralta fue más contundente en sus declaraciones cuando califica a Evo de “un roedor de la democracia” que intenta forzar su habilitación mediante el caos y cerco a las ciudades. “Evo está poniendo en riesgo el proceso electoral y ha movilizado a sus seguidores para amenazar la vida de las autoridades del TSE, el TCP y el Tribunal Supremo de Justicia. Es un caudillo que se juega sus últimas cartas políticas en 2025”, advirtió.
El politólogo explicó que la exigencia de renuncia de Arce esconde el objetivo abrir un gobierno transitorio para Evo.
El Deber