Caso Consorcio: Hay ocho implicados, dos órdenes de aprehensión pendientes y un peritaje clave al audio
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó que el Ministerio Público investiga a ocho personas por su presunta participación en una red de manipulación judicial conocida como el caso “Consorcio”. Cinco de los implicados guardan detención preventiva, dos tienen detención domiciliaria y aún quedan dos órdenes de aprehensión por ejecutarse.
En un contacto con EL DEBER, Torrez explicó que la investigación comenzó el 11 de junio, tras una denuncia verbal presentada por la Unidad de Transparencia y Control del Consejo de la Magistratura. La denuncia alertaba sobre una decisión del juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, quien emitió una resolución contraria a la Constitución para inhabilitar a la magistrada del Tribunal Supremo de Justica por La Paz, Fanny Coaquira.
En respuesta, se conformó una comisión de fiscales que se desplazó a Coroico junto con representantes del Consejo de la Magistratura y efectivos de la Policía Boliviana. En el despacho del juez se hallaron indicios de participación de otras personas en el hecho.
Imputaciones y detenciones
El juez Lea Plaza fue aprehendido e imputado por los delitos de tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de justicia, falsificación de sellos y papelería oficial, y tenencia indebida de documentos. La autoridad judicial dispuso su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.
A partir de su declaración ampliatoria, el Ministerio Público convocó a otras personas: La exvocal Claudia Marcela Castro, el magistrado Iván Ramiro Campero y el exministro de Justicia César Siles, este último guardando detención preventiva en el penal de Patacamaya.
También fueron imputados los juristas Iván Noel C.C, Óscar Antonio F.A., José Ramiro U.O., Sergio Edwin S.C, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía de La Paz.
Pruebas clave: grabaciones y peritaje
Uno de los elementos centrales del caso es un audio que circuló en redes sociales y que fue presentado formalmente por el propio juez Lea Plaza, junto con capturas de pantalla, el 16 de junio. El audio está siendo sometido a pericias técnicas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y también se enviará a Colombia para un análisis forense más detallado, precisó el fiscal de La Paz, en contacto con EL DEBER.
Además, el teléfono celular del juez Lea Plaza de Coroico, que está bajo custodia del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, será abierto una vez que se obtenga la autorización judicial correspondiente. Este dispositivo podría contener información relevante sobre la presunta red.
Las menciones al fiscal Torrez y a Mariaca
Consultado sobre un fragmento del audio en el que el exministro César Siles menciona a un fiscal de apellido Torrez y al mismo fiscal general como supuestos protectores del juez, Torrez señaló: “Sí tuvimos reuniones interinstitucionales con el exministro Siles, como establece la Ley 260, artículo 34, numeral 9, pero nunca para participar en un golpe judicial. Es una artimaña. Si hubiésemos estado involucrados, no hubiéramos ordenado la aprehensión inmediata del juez”.
Torrez subrayó que el Ministerio Público actúa con independencia de poderes y que seguirá trabajando con transparencia para esclarecer este caso.
Acciones pendientes y fin de la reserva
Actualmente, hay dos órdenes de aprehensión pendientes: una contra un funcionario judicial y otra contra un particular. Además, está pendiente la audiencia de medidas cautelares de uno de los imputados.
Finalmente, el fiscal informó que la reserva legal del caso concluye este viernes. A partir de entonces, la Comisión de Fiscales podrá dar detalles públicos sobre los avances de la investigación, la valoración de las conductas de los implicados y la posible configuración de los tipos penales.
El Deber