En medio de la crisis, Bolivia enfrentó 514 conflictos en los primeros 5 meses del año
En lo que va del año, Bolivia ha experimentado una escalada sostenida de protestas y movilizaciones. Entre enero y mayo de 2025, se contabilizaron 514 conflictos sociales protagonizados por sectores urbanos, rurales y organizaciones campesinas, que expresaron sus demandas desde tres frentes: la crisis económica, exigencias político-electorales y reclamos sociales. Así lo revela el “Reporte sobre conflictividad política en Bolivia”, elaborado por la Fundación UNIR.
El informe comprende el análisis de enero a abril, pero a EL DEBER se le adelantaron datos preliminares de mayo, mes en el que se mantuvo una intensidad similar a la del mes anterior, aunque con una leve reducción.
El análisis de UNIR muestra que el ciclo de conflictividad actual comenzó a intensificarse desde enero, luego de niveles relativamente bajos registrados al cierre de 2024, cuando se reportaron 51 conflictos en noviembre y 52 en diciembre.
En enero, los conflictos aumentaron a 87; en febrero se registraron 102, en marzo 110 y en abril 115, sumando un total de 414. En mayo, si bien hubo una ligera disminución del 15%, aún se reportaron 100 conflictos, con la crisis económica como el factor dominante.
Lo político electoral
“El descenso de mayo se debe a que varios conflictos económicos correspondían a procesos iniciados en meses anteriores y, por tanto, no se contabilizan como nuevos. Sin embargo, los temas económicos representaron el 30% de los conflictos reportados en ese mes”, explicó Huáscar Pacheco, responsable de monitoreo de conflictos de UNIR.
De este modo, los conflictos acumulados entre enero y mayo suman 514. En la mayoría de los casos, el factor común fue la crisis económica, que se manifestó principalmente en la escasez de combustibles, la falta de dólares y el alza de precios de la canasta familiar.
“El estado de la conflictividad social en Bolivia durante los primeros meses de 2025 es expresivo de una situación de alerta prolongada”, advierte el informe.
En enero, las protestas se centraron en el desabastecimiento de diésel y gasolina, la falta de divisas y el encarecimiento de alimentos básicos, además de la pugna interna en el partido oficialista. La mayor escalada se dio entre febrero y marzo, con 212 conflictos, muchos de ellos protagonizados por sectores productivos como ganaderos, lecheros, panificadores y transportistas, que exigieron soluciones estructurales.
UNIR subraya que entre enero y febrero se vivieron niveles altos de confrontación, con choques entre sectores sociales y las fuerzas del orden, que dejaron decenas de heridos y centenares de detenidos.
Tensión político electoral
“El Aunque representaron apenas el 5% del total (27 de los 414 conflictos hasta abril), los conflictos de índole político-electoral tuvieron un alto impacto por su intensidad, alcance territorial y potencial desestabilizador. “Estos episodios incluyeron enfrentamientos entre actores políticos, toma de rehenes y ocupaciones forzosas de instituciones”, señala el reporte.
Los 27 casos se agrupan en tres categorías: las disputas internas del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuestionamientos al proceso electoral (como la delimitación de circunscripciones, la habilitación de candidaturas o la independencia del TSE) y el malestar político por el debilitamiento de representaciones locales, denuncias de persecución judicial y sensación de exclusión.
“El núcleo central de esta conflictividad es la ruptura interna en el MAS, cuyas alas ‘evista’ y ‘arcista’ han protagonizado no sólo confrontaciones discursivas, sino también disputas por el control de estructuras partidarias, sindicales y territoriales, llegando incluso al enfrentamiento físico”, concluye el informe de UNIR.
Ante la OEA
Durante su intervención en la reciente Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la canciller, Celinda Sosa Lunda, advirtió que los recientes hechos de violencia ponen en riesgo la celebración pacífica y soberana de las elecciones generales del 17 de agosto.
Expresó su preocupación por la escalada de tensiones políticas y “la desestabilización institucional así como el derecho del pueblo a ejercer el voto libre, directo y soberano para definir su futuro”.
El Deber