Defensoría advierte que el Estado deberá indemnizar a inocente encarcelado por 9 años
El técnico de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarija, Pablo Paredes, confirmó que el Estado boliviano deberá asumir la reparación del daño ocasionado a Richard Mamani Martínez que fue procesado y encarcelado sin pruebas suficientes, en un caso por violación ocurrido hace casi una década. La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a una compensación económica, aunque el monto aún no fue definido.
“El Estado boliviano puede asumir una acción de repetición a las personas que obviamente hayan ocasionado esta situación en contra de esta persona”, indicó Paredes, al referirse a los funcionarios que pudieron haber incurrido en negligencia o violación de garantías.
El caso se remonta a los años 2015 y 2016, cuando aún no se encontraba en funcionamiento la cámara Gesell, una herramienta clave para recabar testimonios de menores víctimas de violencia sin revictimización. “Esta herramienta que es la cámara Gesell que nos permite ahondar en la teoría del caso, que nos permite remontarnos al momento, al espacio, al lugar donde se han suscitado los hechos, no estaba en aplicación”, explicó el funcionario.
Según Paredes, el uso de esa tecnología hoy permite no solo mejorar la investigación judicial, sino también evitar errores que puedan derivar en la vulneración de derechos fundamentales: “Nos ayuda no solamente en la aplicación de la justicia, sino también en evitar estas asimetrías o estos errores jurídicos”, sostuvo.
Consultado sobre una eventual sanción penal a quienes habrían cometido el abuso judicial, el técnico respondió que el proceso está en curso y que estos delitos no tienen una etapa de prescripción.
Respecto al monto económico que deberá pagarse por el daño causado, dijo que aún no se puede establecer una cifra, pero recordó que “la Convención Interamericana de Derechos Humanos ya establece a través de su jurisprudencia la obligación de los Estados a resarcir los daños a las personas a las cuales se les cause o les lesione su proyecto de vida”.
Por otro lado, Paredes también se refirió a un caso reciente de un menor fallecido el fin de semana en el Hospital San Juan de Dios, aclarando que el hecho no está vinculado a un delito. “Este deceso se produjo a través de un hecho o de una situación patológica natural, no así como consecuencia de un hecho delictivo”, afirmó, aunque aclaró que la Defensoría seguirá acompañando el caso para velar por los derechos del menor y su familia.
AHORADIGITAL