En un hecho sin precedentes para el periodismo de investigación argentino, enorsai.com accedió en exclusiva a una filtración de documentos y mensajes que revela el funcionamiento interno de una maquinaria de manipulación judicial y política, orquestada desde el corazón del gobierno de Luis Arce, con el objetivo de bloquear la candidatura de Evo Morales en las elecciones de 2025.
La magnitud y el detalle de la filtración, sometida a peritajes informáticos y confirmada por expertos independientes, permite reconstruir una trama de lawfare que no solo compromete la independencia de la justicia boliviana, sino que también reaviva viejas sospechas sobre la injerencia de intereses extranjeros en la política y los recursos estratégicos del país, en particular el litio.
La renuncia y posterior detención del exministro de Justicia, César Siles, fue apenas el primer episodio visible de una crisis institucional que, según las pruebas obtenidas, tiene raíces mucho más profundas.
Siles, junto a otros ocho implicados —entre ellos un juez, una vocal del Tribunal Supremo y un magistrado—, es señalado como el operador clave de una red que, valiéndose de su posición, habría influido de manera ilegal en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral para impedir la postulación de Morales.
La organización política del propio Evo Morales sostiene que el exministro actuó como brazo ejecutor de una estrategia para eliminar toda voz disidente dentro del sistema judicial y electoral, violando la Constitución y la independencia de poderes.
La filtración incluye una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre marzo y mayo de 2025 entre Siles y el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe.
El contenido de estos chats es contundente: intercambios de comprobantes de transferencias bancarias de montos elevados, envío de documentos confidenciales orientados a la inhabilitación política y electoral de Morales, y remisión de boletos de avión para viajes que no se justifican en el marco de las funciones institucionales de ambos funcionarios.
Uno de los hallazgos más graves es el envío de un comprobante de transferencia bancaria por 30.000 dólares, remitido por Quispe a Siles, que certifica el traspaso de fondos desde la cuenta de Brígida Lourdes Durán Romero —esposa del presidente Arce— a la cuenta panameña de Quispe bajo el concepto de “pago total”.
Este hecho, que no encuentra justificación oficial alguna, plantea interrogantes sobre el verdadero alcance de la connivencia entre el Ejecutivo y el órgano electoral.
El intercambio de favores y documentos no se detiene ahí. Los chats revelan el envío de informes de sala plena y antecedentes de partidos observados por parte de Quispe a Siles, y el reenvío, por parte del ministro, de la resolución de suspensión de la personería jurídica de PAN-BOL, el partido que impulsaba la candidatura de Morales.
La coordinación de estas acciones entre dos poderes supuestamente independientes deja en evidencia la existencia de una estrategia para proscribir a Morales y su espacio político, en línea con la ofensiva judicial que culminó en junio de 2025 con el fallo del Tribunal Constitucional que mantuvo la cancelación de PAN-BOL y dejó a Morales fuera de la carrera presidencial.
La filtración llega en un momento crítico para Bolivia. Siles permanece detenido con internación médica, mientras la justicia investiga el presunto caso de consorcio y tráfico de influencias que lo involucra directamente en la manipulación de causas judiciales y electorales.
Los audios y mensajes recuperados —que representan apenas el 5% de los 12,8 GB extraídos del backup de WhatsApp de Siles— permiten reconstruir una red de complicidades que, según fuentes judiciales, podría alcanzar a otros ministros y altos funcionarios del Ejecutivo.
Por motivos de seguridad, los peritajes completos y los metadatos que prueban la autenticidad de los mensajes se mantienen bajo reserva, amparados en la normativa nacional e internacional.
En el entorno de Evo Morales, la gravedad de la operación judicial es leída en clave geopolítica. Voceros y allegados al expresidente sostienen que detrás de la ofensiva contra Morales existen intereses vinculados al gobierno de Estados Unidos, especialmente por el control de las vastas reservas energéticas de Bolivia, con el litio como recurso estratégico en el centro de la disputa.
“No es casual que cada vez que Bolivia intenta avanzar en una política soberana sobre sus recursos, arrecian las presiones y las maniobras de desestabilización”, afirman fuentes cercanas al exmandatario. El litio boliviano, considerado uno de los más importantes del mundo, se ha transformado en un botín codiciado en la transición energética global, y la exclusión de Morales del escenario político sería funcional a los intereses de actores externos y corporaciones internacionales.
Analistas y periodistas especializados coinciden en que Bolivia se ha convertido en objetivo prioritario de la diplomacia militar estadounidense y de los grandes fondos de inversión globales, interesados en asegurar el acceso al litio y otros recursos estratégicos de la región.
El reciente acuerdo del gobierno boliviano con consorcios chinos y rusos para la industrialización del litio —dejando fuera a empresas estadounidenses— habría intensificado la injerencia y las presiones externas, en un contexto de creciente rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing.
La judicialización de la política, la persecución a dirigentes opositores y la criminalización de la protesta social —como denunció Morales tras la cumbre del Tribunal Electoral que, según él, tuvo el propósito de “proscribir a Evo, al evismo y al movimiento indígena”— refuerzan la percepción de que la democracia boliviana atraviesa uno de sus momentos más frágiles desde el golpe de 2019.
La filtración publicada por enorsai.com es solo el primer capítulo de una serie de revelaciones que prometen sacudir Bolivia en las próximas semanas. Entre los próximos materiales a difundir, figuran pruebas sobre la manipulación de la justicia en diferentes causas, el direccionamiento de casos en coordinación directa con el presidente Arce y la coordinación con otros ministros para actuar en causas judiciales sensibles.
La sociedad boliviana y la comunidad internacional tienen derecho a conocer la verdad detrás de una operación que, de confirmarse en toda su dimensión, marcará un antes y un después en la historia política del país.
Enorsai
