En pleno auge de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, el respaldo público del empresario boliviano Marcelo Claure a la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina ha desatado una ola de reacciones, acusaciones cruzadas y un renovado debate sobre el papel de la inversión privada, la seguridad jurídica y el futuro del litio boliviano.
Doria Medina, en una entrevista con Radio Correo del Sur, reveló detalles de una conversación sostenida con Claure en la que este último habría manifestado su disposición a invertir hasta 10.000 millones de dólares en Bolivia —entre fondos propios y de su entorno empresarial— si el país ofreciera garantías jurídicas.
“Eso nos muestra que ojalá hubiera varios Marcelo Claure. La inversión extranjera en Bolivia el año pasado no llegó ni a los 300 millones de dólares. Necesitamos urgentemente cambiar eso”, afirmó el candidato de la alianza Unidad.
Claure, por su parte, ratificó ese compromiso en una entrevista con Radio Fides. Aseguró que su apoyo a Doria Medina responde a una evaluación técnica y política basada en siete encuestas que lo colocan como el candidato más competitivo de la oposición.
“No tengo ninguna aspiración política. Mi único interés es abrir Bolivia al mundo y contribuir con inversiones. No quiero litio, no he pedido litio ni tengo negocios con litio en Bolivia”, subrayó el magnate.
Sin embargo, las declaraciones no han logrado disipar las sospechas que emergieron tras conocerse de un encuentro entre Doria Medina y el empresario argentino Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), compañía con presencia en Bolivia en el sector hidrocarburos.
Según Doria Medina, la reunión fue “un almuerzo público con varios empresarios cruceños y el gobernador de Santa Cruz, nada secreto”. Aclaró que no se trató de una negociación ni de un compromiso con respecto al litio.
Pese a ello, el exdirigente alteño Roberto de la Cruz denunció un supuesto “pacto secreto” entre Doria Medina, Claure y Bulgheroni para “entregar el litio boliviano a transnacionales a cambio de apoyo político”.
El activista dijo que el Estado boliviano pagó 357 millones de dólares al Grupo Bulgheroni en 2014 como compensación por la nacionalización de su participación en la petrolera Chaco, y advirtió que la historia podría repetirse con el litio. Mostró recortes de prensa y otros documentos para recordar esta compensación estatal a la petrolera anglo-argentina.
“Esos caballeritos que no hacen fila para diésel, para arroz, son capos para negociar a espaldas del pueblo”, dijo en tono crítico de la Cruz, convocando a “los guerreros del gas” de 2003 a movilizarse en defensa de los recursos naturales.
Desde el entorno de Claure, las acusaciones fueron calificadas de “absurdas”. El empresario boliviano negó cualquier vínculo con proyectos extractivos en Bolivia, pese a su sociedad minoritaria en algunas firmas de energía en la región.
“No tengo interés alguno en el litio boliviano. Mi enfoque es la inteligencia artificial, la educación y las telecomunicaciones. Lo único que deseo es que Bolivia tenga un gobierno estable para poder invertir, como lo hago en Brasil, Colombia o México”, recalcó el empresario.
El trasfondo político es ineludible. Claure ha sido una figura activa en el debate electoral boliviano. Promueve el control ciudadano del voto a través de la iniciativa Cuidemos el Voto y lidera —según explicó— una mesa técnica en Harvard para proponer un plan de reactivación económica para Bolivia, en el que colaboró el economista Jaime Dunn. Ese plan, afirma, está a disposición de cualquier candidato que gane, incluso del oficialismo.
En paralelo, el tema de la inversión extranjera ha ganado peso en el debate público. Bolivia se ubica entre los países con menor captación de capital foráneo en la región, con apenas 0,1% de la inversión extranjera directa de América Latina, según la Cepal.
Tanto Doria Medina como Claure coinciden en que revertir esa tendencia es clave para superar la crisis económica, atraer empleo y recuperar la confianza internacional.
Pero las alertas sobre una eventual “privatización encubierta” del litio o de recursos estratégicos siguen presentes. Para algunos sectores sociales, la participación de actores privados de alto perfil genera desconfianza, especialmente cuando existe un historial de disputas legales con empresas como PAE.
Para otros, como Doria Medina, Bolivia debe dar un giro pragmático: “No podemos seguir cerrados al mundo. La inversión no es mala. Lo malo es cuando se gestiona sin transparencia”.
La polémica, lejos de apagarse, se instala como una de las discusiones centrales del tramo final de la campaña. En juego están no solo los votos, sino también la narrativa sobre qué modelo de desarrollo —estatista o abierto al capital privado— se impondrá en la Bolivia de los próximos años.
El Deber
