El Ministerio Público informó este viernes que admitió la denuncia de la Defensoría del Pueblo y activó los mecanismos necesarios para proteger a la menor de 11 años que quedó embarazada producto de una violación en Yapacaní (Santa Cruz).
Juan Lanchipa, titular de esa instancia, adelantó que se ejecutará el cuidado de la víctima, para precautelar por su salud física y psicológica, a través del «Programa de protección de víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público», con la intervención del Ministerio de Salud y Deportes, el SEDES de Santa Cruz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
“El Ministerio Público en el uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 260, decidió que en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales, Código Niña, Niño, Adolescente y leyes como la Ley Nº 458 y Ley Nº 1173 que establecen precautelar el interés superior de la niña, niño y adolescente y la protección reforzada a favor de sectores vulnerables, el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de su salud física y psicológica”, dijo.
El jueves, la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia contra de personeros de la Iglesia Católica y los servidores públicos de la maternidad Percy Boland, y también de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, porque supuestamente fueron los que impidieron la interrupción legal del embarazo de la menor, que fue violada por su padrastro.
La Fiscalía dio curso a esa acusación, por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de guarda y adopción. El caso se encuentra en etapa de investigación para la individualización de los responsables, al efecto se librarán los requerimientos y órdenes que correspondan.
“Se ha instruido que, por la naturaleza del hecho cuya víctima es una niña, el presente caso se atienda con la debida diligencia con una supervisión directa de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil”, recalcó Lanchipa.
El Deber
