El reciente Decreto Supremo 5597, que autoriza el reajuste de precios en obras públicas, abre una ventana para rescatar proyectos de infraestructura que estaban al borde de la paralización por el incremento de costos en Bolivia.
Así lo señaló Javier Arze, gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, durante una entrevista en el programa Dinero de EL DEBER, donde explicó que la norma es el resultado de cuatro meses de negociación entre el sector constructor y el Gobierno.
“El decreto permite analizar proyecto por proyecto para que el Estado reconozca el aumento de precios y así muchos contratos puedan salvarse”, sostuvo.
Obras bajo presión
El sector constructor había advertido que el fuerte incremento en el precio de materiales, equipos y combustibles había desbalanceado los presupuestos de obras públicas adjudicadas en años anteriores.
Arze explicó que proyectos que inicialmente costaban 100 pueden requerir ahora entre 150 y 200 para concluirse. En ese escenario, el nuevo decreto establece dos caminos: ajustar los precios para continuar con la obra, o rescindir el contrato de forma consensuada cuando el proyecto sea inviable, evitando procesos judiciales y pérdidas tanto para el Estado como para las empresas.
“El objetivo es evitar paralizaciones y juicios. Si un proyecto no puede ajustarse, se puede rescindir y volver a licitarlo con los precios actuales”, detalló.
Reajustes de hasta 40%
Según el gerente de Cadecocruz, los porcentajes de actualización dependerán del estado de cada obra.
En proyectos que están cerca de finalizar, los reajustes podrían situarse entre el 20% y el 40% para permitir su conclusión. En cambio, en obras recién iniciadas, donde algunos insumos subieron más del 60%, podría ser más conveniente rescindir el contrato y relanzar la licitación.
El análisis también considerará factores como el uso intensivo de maquinaria, el impacto del precio del diésel y el avance físico de cada obra.
Infraestructura en juego
Arze remarcó que la construcción tiene un efecto transversal en la economía y su paralización afecta a distintos sectores, desde el agro hasta el comercio.
En el caso de Santa Cruz, mencionó que existen proyectos de carreteras, electrificación y obras públicas que deberán ser evaluados para determinar si continúan o se reformulan.
Entre las prioridades, destacó la infraestructura hospitalaria y vial. “Los hospitales deberían tener prioridad, pero también las carreteras son vitales para que los alimentos lleguen a las ciudades y para generar exportaciones”, indicó.
Aunque el sector valora la aprobación del decreto, Arze subrayó que el mayor desafío será su implementación.
La normativa habilita el reajuste de contratos hasta el 31 de diciembre de 2026, pero cada entidad contratante —como la Administradora Boliviana de Carreteras u otras instituciones estatales— deberá realizar un análisis técnico, jurídico y financiero antes de aprobar los ajustes.
“Ahora empieza la etapa más importante: revisar los contratos y encontrar los recursos para continuar las obras”, señaló.
Aun así, el dirigente considera que la norma introduce un elemento clave para el sector: certidumbre-“Lo peor para una economía es la incertidumbre. Hoy ya tenemos un marco legal y eso nos permite avanzar”, concluyó.
El Deber