“No estamos esperando llenarnos los bolsillos de plata”. Con esa advertencia, el fiscal general interino, José Armando Urioste, pidió a 68 nuevos fiscales de materia provisorios que fueron designados este jueves que no conviertan sus cargos en una fuente de beneficios personales. Lo hizo durante el acto de posesión realizado en Sucre, en medio de una crisis de credibilidad que alcanza a la cúpula del sistema judicial boliviano.
Urioste tomó juramento a los funcionarios y aseguró que fueron seleccionados mediante un procedimiento público, con reglas claras, requisitos establecidos y entrevistas en igualdad de oportunidades. Sostuvo que las designaciones responden a méritos profesionales y no a compromisos con autoridades o grupos de influencia.
“Estamos dejando atrás una tradición de designaciones a dedo, a amiguismo, a recomendación política”, afirmó ante los posesionados. Agregó que prácticamente no conoce a los elegidos y aseguró que no intervino personalmente en su selección. “Deben su cargo al Estado Plurinacional de Bolivia, deben su cargo a su conciencia, deben su cargo a su capacidad, a nadie más”, enfatizó.
La exhortación tuvo un componente económico. Urioste recordó que los fiscales reciben un salario del Estado y que la atención del Ministerio Público es gratuita. “No se cobra absolutamente nada, no tiene por qué cobrarse absolutamente un centavo a nadie”, advirtió, al ratificar una política de “cero tolerancia a la corrupción”.
Sus palabras llegan en un momento particularmente delicado para la administración de justicia. El exfiscal general Róger Mariaca permanece en detención preventiva en Cantumarca, investigado por presuntos vínculos con una estructura criminal. Al mismo tiempo, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, enfrenta una orden de aprehensión por una investigación sobre presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal, después de anunciar que salió del país. Las responsabilidades penales no están establecidas y deberán definirse mediante los procedimientos correspondientes.
Las pesquisas han alcanzado también a otros operadores judiciales y han abierto interrogantes sobre la posible manipulación de procesos, el direccionamiento de causas y el uso de influencias. En este contexto, la designación de fiscales supone una prueba para el compromiso institucional anunciado por Urioste, que asumió interinamente el mando del Ministerio Público. Afirmó que las nuevas denuncias ciudadanas reflejan una confianza que, a su juicio, la Fiscalía debe recuperar y sostener con resultados.
El fiscal general interino sostuvo que la institución debe investigar a quienes cometen delitos, pero también respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Dijo que el objetivo es construir un Ministerio Público acusatorio, capaz de acusar cuando existan pruebas y de liberar de sospechas a quienes no hayan cometido ilícitos.
Durante el acto también presentó un nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica, concebido como guía de conducta para los fiscales. Destacó las herramientas informáticas disponibles y la necesidad de utilizarlas para fortalecer la transparencia. “Tenemos una labor hasta fin de año que es recuperar la credibilidad y eso es con hechos, con trabajos, no con promesas”, afirmó Urioste. Y resumió su desafío: dejar una institución que responda a la ciudadanía, no a intereses particulares.
El Deber