La explotación del litio, uno de los proyectos estrella del Gobierno boliviano, entró en una nueva fase de incertidumbre. Una jueza agroambiental de La Paz ordenó este miércoles la suspensión del tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en respuesta a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo.
El fallo establece que los acuerdos no podrán avanzar en el Parlamento hasta que se realice un estudio de impacto ambiental estratégico, centrado en los recursos hídricos, y hasta que se garantice la consulta previa, libre e informada a las comunidades de la región.
“Solicitamos medidas cautelares para proteger los derechos humanos ambientales en torno a los proyectos de litio en el Salar de Uyuni”, explicó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien subrayó que la Defensoría “no está en contra del desarrollo económico, pero este debe realizarse con pleno respeto a los derechos de la Madre Tierra y de las poblaciones locales”.
Los contratos paralizados corresponden a los proyectos de ley 170/2024-2025 y 197/2024-2025, firmados entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y dos empresas extranjeras: la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC Invest Limited.
El primero contempla una inversión de 975 millones de dólares para la construcción de una planta de extracción directa de litio (EDL) y producción de carbonato de litio con capacidad de 4.000 toneladas anuales. El segundo, firmado con la firma asiática, prevé 1.030 millones de dólares para levantar dos plantas industriales en el Salar de Uyuni, con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas por año.
En la práctica, la resolución judicial obliga a la Asamblea a detener el trámite legislativo de ambos contratos, que habían avanzado hasta la Comisión de Economía Plural de Diputados y estaban listos para ser discutidos en el pleno antes de pasar al Senado.
Por la industrialización
Desde el Ejecutivo, la respuesta no tardó en llegar. El Presidente del Estado, Luis Arce Catacora, defendió los contratos cuestionados y los presentó como parte de un plan estratégico de industrialización que, según dijo, va más allá de la simple exportación de materia prima.
“Bolivia participaba en toda la cadena productiva, hasta en la comercialización internacional de las baterías”, aseguró el mandatario en una entrevista con la agencia rusa Sputnik. Para Arce, el bloqueo de los acuerdos pone en riesgo inversiones por casi 2.000 millones de dólares y responde a una alianza entre el ‘evismo’ y la oposición.
“Estábamos a punto de viabilizar contratos históricos para industrializar el litio, pero deliberadamente se aliaron para no aprobarlos”, denunció.
El jefe de Estado también alertó que, de cara al cambio de mando en noviembre, los contratos corren el riesgo de ser anulados por el nuevo Gobierno. Tanto Rodrigo Paz Pereira como Jorge Tuto Quiroga, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral en octubre, anticiparon que los acuerdos con Uranium One y CBC no tendrán continuidad.
“Ese contrato no va a llegar a ninguna parte”, declaró Paz Pereira, mientras que Quiroga anunció que, de aprobarse, serán anulados.
Entre la transición
La controversia sobre el litio boliviano condensa varias tensiones: ambientales, sociales y políticas. El diputado opositor Walthy Egüez consideró que la paralización “responde a impugnaciones legales que no fueron resueltas” y advirtió que el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, deberá devolver la documentación a la Comisión para atender las observaciones, bajo riesgo de ser denunciado por incumplimiento de deberes.
La coyuntura electoral añade un ingrediente decisivo. Si la Asamblea no logra aprobar los contratos, el próximo Gobierno tendrá la potestad de rediseñar o anular la política de industrialización del litio y Uyuni se convertirá en un campo de batalla por el desarrollo industrial y también en un símbolo de la disputa por el rumbo político de Bolivia.
El Deber
