El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que el Gobierno enviará como primer proyecto de ley a la Asamblea Legislativa la nueva Ley de Hidrocarburos, una norma considerada estratégica para reactivar el sector energético y atraer inversiones.
“Vamos a arrancar con la ley de hidrocarburos”, afirmó la autoridad en declaraciones a Radio Fides, al precisar que el Ejecutivo ya cuenta con borradores avanzados, pero que estos serán previamente socializados con distintos sectores antes de su tratamiento legislativo.
Espinoza remarcó que la elaboración de leyes estructurales requiere tiempo y consenso. “Las leyes buenas se hacen con tiempo. Quien crea que se puede construir una ley en uno o dos días, o ya tiene una ley hecha para beneficiar a unos pocos, o no sabe cómo se hace una buena ley”, sostuvo. Añadió que el envío de proyectos será progresivo y dependerá también del ritmo de tratamiento en la Asamblea.
Una ley vigente desde 2005
Actualmente, el sector se rige por la Ley de Hidrocarburos N.º 3058, promulgada en 2005 durante el gobierno de Carlos Mesa. Esta norma redefinió el rol del Estado en la cadena hidrocarburífera, estableciendo una mayor participación estatal en la renta petrolera y sentando las bases para la posterior nacionalización de 2006 bajo Evo Morales.
Entre sus principales características, la ley fijó una carga fiscal elevada para las empresas —que puede superar el 50% entre regalías e impuestos— y otorgó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) un rol central como operador y administrador de los contratos.
Si bien este modelo permitió al Estado captar mayores ingresos durante el boom de precios de materias primas, en los últimos años ha sido cuestionado por su rigidez y por desincentivar nuevas inversiones en exploración.
Caída de inversiones y producción
Datos oficiales y de organismos del sector muestran una tendencia preocupante. La inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, que superaba los $us 1.000 millones anuales en la década pasada, cayó de forma sostenida en los últimos años, situándose por debajo de los $us 500 millones en varios periodos recientes.
A la par, la producción de gas natural —principal producto de exportación del país— ha disminuido. Bolivia pasó de producir más de 60 millones de metros cúbicos día (MMmcd) en su pico, a niveles cercanos o inferiores a 40 MMmcd en la actualidad, afectando su capacidad de cumplir contratos de exportación con mercados como Brasil y Argentina.
Esta caída también impactó en los ingresos por exportaciones: de más de $us 6.000 millones anuales en la bonanza, a cifras considerablemente menores en los últimos años.
Por qué se busca cambiar la norma
En este contexto, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco legal para incentivar nuevas inversiones, especialmente en exploración, un área crítica para reponer reservas de gas.
El propio presidente Rodrigo Paz ha señalado que Bolivia aún cuenta con recursos, pero que el problema ha sido la falta de reinversión. “Tenemos gas, pero no se invirtió en exploración”, afirmó recientemente.
La nueva ley apuntaría a introducir condiciones más competitivas para atraer capitales, mejorar la seguridad jurídica y flexibilizar algunos aspectos contractuales, sin perder el control estatal sobre los recursos.
Un proceso gradual y con debate
Espinoza insistió en que la norma será trabajada con distintos actores antes de su aprobación. “Las leyes distribuyen beneficios y obligaciones, por eso deben construirse con responsabilidad”, indicó.
Asimismo, recordó que los procesos de reforma estructural toman tiempo, al mencionar como referencia las transformaciones impulsadas en los años 80 y 90 bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca sentar las bases de un nuevo ciclo en el sector hidrocarburífero, clave para la economía boliviana, en un momento marcado por la necesidad de recuperar producción, exportaciones e ingresos fiscales.
El Deber