El Mercado Mutualista, uno de los centros de abastecimiento más importantes de Santa Cruz de la Sierra, se encuentra hoy en medio de una polémica jurídica y política. Lo que comenzó como una disputa legal por el derecho propietario, se transformó en un escándalo que involucra un predio valuado en 200 millones de dólares y serios cuestionamientos sobre la gestión del patrimonio público en la Alcaldía cruceña.
¿Propiedad privada o pública?
El conflicto se centra en un terreno de casi cinco hectáreas que albergó a miles de comerciantes durante décadas. La familia Crapuzzi reclama la titularidad de los terrenos basándose en una herencia, respaldada por la reciente sentencia constitucional 0531/2024-S3. Esta resolución judicial puso contra las cuerdas al Municipio, exigiendo la entrega de documentos y la cesión de los predios.
Por su parte, la administración municipal mantuvo que el área es de dominio público. Sin embargo, el caso desnudó lo que expertos califican como una negligencia técnica acumulada por más de 40 años, periodo en el cual el municipio no logró consolidar legalmente el derecho propietario en Derechos Reales.
Tensión en la transición de mando
La situación se polemizó intensamente en las últimas semanas. A medida que se acerca el cambio de gestión municipal, el alcalde saliente, Jhonny Fernández, es blanco de duras críticas. Mientras que el electo, Mamen Saavedra, denunció una supuesta “entrega acelerada” de certificados catastrales y planos de uso de suelo a favor de la familia demandante.
Se investigan presuntos vínculos de compadrazgo y falta de transparencia, sugiriendo que funcionarios municipales habrían facilitado el proceso en lugar de defender el patrimonio de la ciudad.
El gremio en emergencia
Mientras la batalla legal se libra ahora en las altas esferas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —que anunció una revisión de los expedientes para detectar posibles irregularidades en los fallos—, quienes viven el conflicto de cerca son los gremiales.
Los comerciantes se mantienen en vigilia y estado de emergencia. Para ellos, el mercado no es solo un activo inmobiliario; es el sustento diario de cientos de familias. La incertidumbre sobre quién será el nuevo dueño del terreno genera el temor a desalojos o a un incremento insostenible de alquileres si el predio cae en manos privadas.
¿Qué sigue?
El caso se convirtió en una prueba para las instituciones cruceñas. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) solicitó auditorías técnicas para esclarecer la cadena de mando que permitió que un bien de esta magnitud quedara vulnerable ante reclamaciones privadas.
Correo Del Sur