El debate sobre la reforma del sistema electoral en Bolivia suma una nueva voz institucional. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, planteó este jueves la necesidad de revisar de manera integral el marco normativo vigente, en medio de cuestionamientos por decisiones que han alterado el curso de los recientes procesos electorales.
“Es necesaria una revisión integral del marco normativo electoral para fortalecer la democracia”, afirmó Callisaya a tiempo de referirse a una serie de hechos que tuvieron lugar durante el reciente ciclo electoral que está a punto de concluir.
La autoridad hizo énfasis en las inhabilitaciones de candidaturas que se produjeron a pocos días de la votación, así como en el reciente caso del candidato René Yahuasi en La Paz, cuya situación incidió directamente en la configuración de la segunda vuelta.
Según señaló, este tipo de decisiones genera incertidumbre y afecta la confianza en el proceso democrático.
Callisaya subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar que el electorado ejerza su derecho al voto en condiciones de estabilidad, claridad y certeza, evitando modificaciones de último momento que alteren la oferta electoral.
En ese marco, anunció que la Defensoría del Pueblo impulsará en los próximos días un proceso de reflexión pública orientado a identificar reformas que fortalezcan la seguridad jurídica, la transparencia y la estabilidad de los procesos electorales.
Un debate en ascenso
El pronunciamiento del Defensor se suma a una corriente creciente de propuestas para modificar la normativa electoral, justo cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra en la fase final de las elecciones subnacionales.
Entre las iniciativas destaca la propuesta del vocal electoral Carlos Alberto Goitia, quien trabaja en un proyecto de reforma que abarca tanto el ámbito constitucional como las leyes electorales. El planteamiento incluye cambios a la Ley del Órgano Electoral (018), la Ley de Régimen Electoral (026) y la Ley de Organizaciones Políticas (1096).
Goitia planteó cinco ejes centrales, tales como fortalecer la independencia del TSE, recuperar la transparencia institucional, reconfigurar el sistema de partidos, garantizar los derechos políticos y modificar el régimen de sanciones.
El vocal también advirtió sobre la necesidad de evitar la judicialización de los procesos electorales, estableciendo límites claros a la intervención de jueces en materia electoral y reforzando el principio de preclusión, que impide retroceder en etapas ya concluidas del calendario.
Compromiso institucional
El propio presidente del TSE, Gustavo Ávila, ya había anticipado la necesidad de ajustes a la normativa vigente, al señalar que esta permite cambios o impugnaciones de candidaturas incluso a horas de la votación, lo que afecta la certidumbre del proceso.
Ávila recordó además que el órgano electoral ha enfrentado múltiples acciones constitucionales durante los comicios. Solo en el último proceso se registraron 38 amparos, lo que evidencia las tensiones entre la jurisdicción electoral y la justicia ordinaria.
El debate también incluye propuestas como la construcción de un nuevo padrón electoral con verificación biométrica, la fiscalización de la militancia partidaria y la revisión del régimen de sanciones, considerado por algunos actores como desproporcionado y susceptible de uso político.
El Deber