En medio de algunos cuestionamientos por las resoluciones judiciales en favor de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reafirmó este lunes que no se busca la impunidad de ningún procesado, sino que se respete el debido proceso.
“Pedimos a todos los compatriotas (exiliados) fuera del país que puedan venir (o volver), se reestableció el estado de derecho, las garantías del debido proceso, (pero) cualquier ciudadano que esté procesado no es que vaya a tener impunidad, lo que sí habrá son todas las condiciones para que pueda defenderse con las garantías que aquello implica”, dijo Saucedo en una entrevista con EL DEBER Radio.
“Es decir, que se lo cite formalmente, que pueda estar acompañado del abogado de su confianza cuando brinde su declaración informativa y, si llega a una audiencia cautelar, se verifique que, dentro de las 10 medidas que se tiene, la detención preventiva sea pensada de manera excepcional y ya no como una regla como se estaba acostumbrando en el país”, continuó el magistrado.
Remarcó que los bolivianos están en un año especial por el Bicentenario y todos tienen derecho a celebrar con sus seres queridos, incluso, los que se fueron al exterior “por temor o porque no se sentían seguros por la justicia que tenían”.
Pero ahora, “si están siendo procesados, se van a defender con todas las garantías del debido proceso, no es que van a llegar a gozar de impunidad, eso tiene que entenderlo también la población, así como las víctimas tienen derecho, también los imputados o los procesados tienen sus derechos y hay que hacer respetar para cada una de las partes procesales”, señaló.
Independencia
Saucedo aseguró que viene trabajando desde el primer día de sus nuevas funciones para recuperar la credibilidad del Órgano Judicial a través de acciones específicas y con algunas posturas.
Ahora “podemos decir con claridad que ya hemos recuperado nuestra independencia con el cierre de la Comisión 898, que se conformó en la Cumbre de la Justicia y donde la presidencia la tenía el Ministerio de Justicia. Pero, hoy en día, al cerrarse eso, nosotros ya no tenemos ningún vínculo con el Ejecutivo”, destacó.
Recordó que esa comisión establecía que todas las reformas judiciales, planes o programa deberían pasar por la aprobación de dicha instancia presidida por el Gobierno.
“Durante muchos años lo sometieron al Órgano Judicial y le hicieron creer que era un apéndice del Ejecutivo, nosotros hemos hecho recobrar la independencia y ponernos al mismo nivel de otros órganos del Estado”, puntualizó.
El pasado 22 de agosto, Saucedo dispuso que los tribunales departamentales “procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra” la expresidenta Áñez, el gobernador Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.
En cumplimiento de dicho instructivo, durante la semana pasada se realizaron una seguidilla de audiencias de los tres procesados por la crisis de 2019 y otros hechos, que terminaron con varias resoluciones judiciales en su favor. Incluso, Camacho y Pumari lograron salir de la cárcel.
El Deber
