El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emitió este martes el informe “Alerta temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, en el que advierte que el sistema penitenciario atraviesa una crisis marcada por la sobrepoblación, el hacinamiento y el uso indiscriminado de la detención preventiva que podría desencadenar motines de gran magnitud y el incremento de muertes violentas.
La institución defensorial pidió al Estado la aplicación inmediata de cinco medidas urgentes para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL).
El informe, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), establece que la población penitenciaria llegó a 33.058 internos a julio de 2025, lo que implica un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional.
Además, el 55,9 % de los internos se encuentra en detención preventiva, con un impacto mayor en jóvenes de 18 a 28 años, donde este porcentaje alcanza el 75 %.
“Desde la gestión 2023 hemos ido realizando diferentes actuaciones que nos permiten afirmar que existe una situación grave de crisis alta en las cárceles de Bolivia. La población penitenciaria crece de manera sostenida: de 17.305 internos en 2020 pasamos a 33.058 en 2025. Este aumento amenaza con profundizar aún más la crisis”, señaló Callisaya.
La autoridad detalló que la sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno “inhumano e insostenible”.
El defensor pidió las autoridades de los tres niveles del Estado a asumir de manera inmediata y coordinada las medidas señaladas, para evitar que esta crisis derive en una vulneración masiva de derechos humanos y en un riesgo para la seguridad pública.
Además, alertó diciendo que de no adoptarse medidas inmediatas, el país podría enfrentar tres graves consecuencias: protestas masivas y violentas, con riesgo de motines de gran magnitud; incremento de muertes en custodia del Estado por violencia y enfermedades; crisis casi humanitaria, con impacto negativo en la seguridad ciudadana y en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Sobrepoblación en las cárceles
Según la Defensoría del Pueblo, los niveles de hacinamiento en las cárceles son críticos: San Pablo de Quillacollo (513 %), San Sebastián (346 %), Palmasola (205 %) y San Pedro de Oruro (243 %). En centros rurales la situación es similar: Arani (412 %), Buena Vista (390 %), Camargo (376 %) y Guayaramerín (344 %).
El Defensor también alertó sobre el incremento de muertes violentas y hechos graves al interior de los penales. “En 2024 hubo nueve muertes violentas; este 2025 ya registramos 15 hasta septiembre. Hay casos de quemaduras, apuñalamientos, violaciones, fugas y agresiones con armas improvisadas. Esto muestra el debilitamiento de la seguridad penitenciaria fruto del hacinamiento”, dijo.
Callisaya agregó que el 90,6 % de las muertes bajo custodia del Estado están relacionadas con la falta de acceso a servicios de salud. Actualmente, apenas 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 22 psicólogos atienden a más de 33.000 internos. A ello se suma la crisis alimentaria: en 2025 se registraron seis conflictos por retrasos en el pago de los prediarios, que en algunos departamentos alcanzan hasta cinco meses.
El Defensor también recordó hechos de violencia recientes: un interno quemado vivo en Morros Blancos (2023), la violación y asesinato de una visitante en 2024, y agresiones con armas blancas e industriales registradas este año en Palma Sola, San Pedro, Morros Blancos y San Antonio.Revisión de detenciones
El 25 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, emitió el Instructivo N°19/2025 para la organización de jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas. Esto, después de una serie de manifestaciones realizadas por internos de diferentes cárceles del país.
«El Instructivo va dirigido a todos los presidentes de Tribunales Departamentales, en un plazo computable de 24 horas desde la notificación, además, ordena que si un proceso se lleva adelante en un distrito judicial y se cumple la medida de detención en un lugar diferente, el procesado deberá ser trasladado al lugar de radicatoria de proceso o en su defecto y como excepción hacer uso de medios virtuales tecnológicos», reza el documento.
En respuesta a esta disposición, la Defensoría del Pueblo activó un mecanismo de seguimiento institucional, a través de sus nueve delegaciones departamentales, con el objetivo de verificar el cumplimiento efectivo del instructivo. Como primera acción se remitieron notas formales a los Tribunales Departamentales de Justicia solicitando información detallada sobre su aplicación. De manera paralela, las delegaciones defensoriales llevaron a cabo acciones de verificación directa, que incluyeron reuniones con directores departamentales de Régimen Penitenciario y visitas in situ a recintos penitenciarios.
El 9 de septiembre, Saucedo indicó que los Tribunales Departamentales de Justicia dieron cumplimiento al instructivo con visitas a los diferentes centros de reclusión, logrando así más de 200 revisiones de plazos de la medida cautelar de detención preventiva a nivel nacional como uno de los primeros resultados de la medida asumida por el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
Frente a este panorama, Callisaya sostuvo que las 200 revisiones representan apenas el 1,03% del total de 19.235 PPL bajo detención preventiva, lo que evidencia la limitada cobertura inicial de la iniciativa frente a la magnitud del problema estructural.
Además, el defensor señaló que no conoce los resultados finales del cumplimiento del Instructivo N°19/2025, que ordenó la revisión de las detenciones preventivas, por lo que pidió un informe al TSJ.
EL DEBER conoció que en el departamento cruceño se liberaron a 41 personas que estaban detenidas de manera preventiva en los penales de Palmasola y el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom), de acuerdo a los datos proporcionados por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.Acciones planteadas
La Defensoría planteó cinco acciones inmediatas:
1. Limitar el uso de la detención preventiva y aplicar criterios diferenciados para poblaciones vulnerables.
2. Reactivar el proyecto de ley sobre manillas electrónicas como alternativa al encarcelamiento.
3. Separar y clasificar a los internos según la naturaleza del delito y su situación procesal.
4. Garantizar acceso a la salud, incorporando más personal médico o mediante convenios con hospitales y universidades.
5. Consolidar un acuerdo intergubernamental para asegurar el financiamiento oportuno de los prediarios y responsabilidades compartidas en la gestión penitenciaria.
Asimismo, Callisaya advirtió que la Defensoría notificará esta alerta temprana al Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Régimen Penitenciario y organismos internacionales de derechos humanos, subrayando que existe un riesgo inminente de motines y protestas masivas en las cárceles del país.
El Deber
