A través de un comunicado, el Magisterio Rural informó que la próxima semana estará marcada por movilizaciones, paros y protestas, en calles, avenidas y carreteras del país. Es más, piden a las federaciones departamentales y regionales aplicar las mejores estrategias para que el gobierno nacional, responda favorablemente a sus demandas.
«El Comité Nacional de Movilizaciones en coordinación con la Confederación Nacional de Maestros en Educación Rural de Bolivia, en base a las resoluciones del gran cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) y las determinaciones que se vienen tomando de manera coordinada con las demás organizaciones sindicales afiliadas a la COB, emite el presente instructivo»:
1.- Se declara paro nacional movilizado de 72 horas, para los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de mayo, debiendo cada federación tomar las mejores estrategias de lucha, entre ellos: marchas de protesta, mitines, toma pacífica de instituciones educativas, bloqueos de las principales avenidas, carreteras y otros, con la finalidad de que el Ministerio de Educación atienda favorablemente nuestro pliego petitorio: incremento salarial, deuda histórica, restitución del ilegal y arbitrario cercenamiento de los subsidios de zona y de frontera a las maestras y maestros rurales a nivel nacional.
El gobierno no quiere más bloqueos
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó este miércoles que la institución del orden intervendrá en todos los puntos de bloqueos instalados en distintas carreteras del país.
“Se va a intervenir todos los puntos de bloqueo que tenemos en el país. Estamos esperando algunos detalles que se tienen que todavía analizar. Hemos empezado con la carretera La Paz-Caranavi y posteriormente ya se van a tomar las acciones en otros puntos de bloqueo”, dijo.
El comandante también confirmó que la Policía se encuentra en constante coordinación con las Fuerzas Armadas para que apoyen en sus tareas constitucionales.
Desde el Ministerio Público
El fiscal General del Estado, Róger Mariaca, advirtió que se procesará penal y civilmente a quienes «atenten contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad de la población, y los derechos fundamentales de las personas».
El Deber