La postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó las movilizaciones impulsadas por grupos radicales en Bolivia como una “insurrección popular” y expresó su disposición a “mediar” si fuera invitado, desató una ola de rechazo en el ámbito político nacional. Diversas voces calificaron sus declaraciones como un acto de “injerencia” en asuntos internos e incluso lo señalaron como un “instigador” del supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Rodrigo Paz.
La Cancillería boliviana reaccionó con un rechazo contundente a las afirmaciones del mandatario colombiano. A través de un comunicado oficial, advirtió que cualquier interpretación externa que “distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos” resulta improcedente.
El exdiplomático Jaime Aparicio lamentó las declaraciones de Petro y pidió que el Ministerio de Relaciones Exteriores convoque a la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García Carrillo, para presentarle una protesta formal.
A juicio de Aparicio, en Bolivia no se vive una “insurrección popular”, como sostuvo Petro, sino una ofensiva contra el orden democrático.“En Bolivia no existe una insurrección popular, sino una conspiración vinculada al crimen organizado contra la democracia y el orden constitucional”, afirmó en contacto con EL DEBER.
Las declaraciones del mandatario colombiano se producen en medio de una creciente tensión en La Paz, donde grupos radicales vinculados al expresidente Evo Morales intensificaron las protestas y bloqueos en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La excanciller Karen Longaric también cuestionó las palabras de Petro y consideró que vulneran principios elementales del derecho internacional. “Es una evidente injerencia en los asuntos internos de Bolivia y viola la norma internacional, así como los principios de no injerencia y respeto mutuo que deben observar los Estados entre sí”, afirmó a EL DEBER.
Desde la Asamblea Legislativa también surgieron críticas. El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, calificó a Petro como un “instigador y promotor del golpe de Estado” y demandó al canciller Fernando Aramayo convocar de inmediato a la embajadora colombiana para exigir una retractación formal.
“Es una violación grosera y flagrante del derecho internacional, al entrometerse en asuntos internos de Bolivia con declaraciones totalmente reprochables y censurables. El presidente de Colombia está actuando como un instigador y promotor del golpe de Estado que en este momento intentan consumar grupos afines al expresidente Evo Morales, con el objetivo de destruir el orden constitucional y la democracia en Bolivia”, sostuvo Alarcón en declaraciones a EL DEBER.
En la misma línea, el jefe de bancada de Libre, diputado Rafael López, afirmó que Bolivia no necesita interpretaciones externas sobre su realidad interna y pidió prudencia a líderes extranjeros.
“Las declaraciones del presidente Petro son imprudentes y desconocen el principio de no injerencia entre Estados. Los problemas de Bolivia los resolvemos los bolivianos, dentro de la Constitución y la democracia”, señaló.
Reacción oficial
El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante un comunicado, dejó en claro su malestar con la postura del mandatario colombiano y sostuvo que sus declaraciones no reflejan la relación histórica de amistad y cooperación entre ambos países.
“Estas afirmaciones no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados”, señala el pronunciamiento oficial.
La Cancillería remarcó que Bolivia considera improcedente cualquier caracterización externa que altere la comprensión de la crisis actual o incentive una mayor polarización interna.
Petro sostuvo que en Bolivia se desarrolla una “insurrección popular” a raíz de las protestas y bloqueos que exigen la salida del presidente Paz.
Sin embargo, la situación en el país está marcada por una severa conflictividad concentrada principalmente en La Paz, ciudad que desde hace dos semanas enfrenta bloqueos que dificultan el ingreso de alimentos, carburantes y medicamentos, afectando directamente a la población. También persisten algunos puntos de conflicto en Cochabamba y Santa Cruz.
El Deber