En entrevista con EL DEBER, Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado internacional denunció que los bloqueadores impidieron el ingreso de ayuda humanitaria y acusó al Gobierno, a la justicia y al Defensor del Pueblo de no garantizar derechos básicos ni restablecer el orden en las rutas. También advirtió que los conflictos están generando pérdidas económicas diarias de hasta Bs 2.000 por camión, afectando exportaciones, abastecimiento y la economía nacional.
El dirigente sostuvo que la situación ya dejó de ser únicamente un conflicto social y se convirtió en una amenaza para la democracia, la institucionalidad y la estabilidad del país. Además, anunció acciones legales nacionales e internacionales por vulneración de derechos humanos y cuestionó la incapacidad estatal para resolver la crisis.
La carretera se convirtió en una sala de espera interminable. Pero también en un campo de tensión, miedo y desgaste. Miles de choferes bolivianos sobreviven hace más de 20 días atrapados en rutas bloqueadas, soportando temperaturas bajo cero, enfermedades sin atención médica y crecientes pérdidas económicas.
Desde Santa Cruz, Cruz describe una escena que mezcla crisis política, conflicto social y colapso institucional. Habla de conductores diabéticos sin medicamentos, camiones apedreados, productos perecederos paralizados y un Estado que —según denuncia— perdió capacidad de garantizar orden y derechos básicos.
En entrevista con el programa “A Primera Hora” de EL DEBER, Cruz cuestiona duramente la actuación del Gobierno, la justicia y el Defensor del Pueblo. Sostiene que el país atraviesa un momento de extrema fragilidad y advierte que los bloqueos ya dejaron de ser una protesta social para convertirse en un mecanismo de presión que afecta a toda Bolivia.
El dirigente también anticipa acciones legales nacionales e internacionales y plantea una advertencia política de fondo: cuando el Estado no garantiza libre tránsito, seguridad ni abastecimiento, la crisis deja de ser sectorial y pasa a convertirse en un problema de democracia.
—¿Cuál es la situación actual de los transportistas que siguen varados en las carreteras?
—La situación sigue prácticamente igual. No ha cambiado nada. Aproximadamente 5.000 camiones continúan detenidos en carretera y cerca de 2.000 están directamente perjudicados en puntos de bloqueo. Lo más preocupante ya no es solamente el perjuicio económico, sino la salud y la integridad de los conductores. Estamos hablando de personas que llevan más de 20 días viviendo dentro de un camión, soportando temperaturas extremas, especialmente en rutas hacia Desaguadero y Tambo Quemado, donde incluso se registran temperaturas de hasta 15 grados bajo cero.
Hay conductores con diabetes, hipertensión y graves afecciones respiratorias. Son enfermedades de base muy comunes en este trabajo y, lamentablemente, no están pudiendo recibir atención adecuada. Lo más duro es que se intentó enviar ayuda humanitaria con medicamentos y víveres, pero los bloqueadores no permitieron el ingreso. Incluso hubo camionetas apedreadas cuando trataban de socorrer a los choferes. Eso ya sobrepasa cualquier protesta social.
—Usted habla de una situación humanitaria delicada. ¿Qué casos concretos se están registrando?
—Tenemos casos muy graves. El fin de semana, por ejemplo, un conductor intentó recibir atención médica en la localidad de Cali Conani y el centro privado se negó a atenderlo porque, según denunciaron, dirigentes y comunarios vinculados al bloqueo prohibieron cualquier asistencia a transportistas. Imagínese el nivel de radicalización al que hemos llegado.
Muchos conductores están descompensados. Algunos llevan días sin acceso adecuado a medicamentos. Otros viven dentro de cabinas dañadas por piedras. Hay camiones cuyos parabrisas fueron destruidos mientras los choferes seguían dentro. Cuando las fuerzas del orden intentaron intervenir y luego retrocedieron, toda la furia cayó sobre los vehículos detenidos.
Entonces uno se pregunta: ¿dónde está el Estado? Porque aquí no solamente hay bloqueo. Aquí hay violencia, vulneración de derechos humanos y una absoluta sensación de abandono.
—En sus declaraciones usted cuestionó duramente a varias instituciones. ¿Qué responsabilidad atribuye al Gobierno y al sistema judicial?
—El problema es que las instituciones llamadas a proteger a la ciudadanía no están cumpliendo su función. Hemos acudido a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo, a diferentes instancias del Estado, y no vemos respuestas concretas. Lo que percibimos es parcialización y una peligrosa permisividad frente a hechos violentos.
No puede ser que existan delitos flagrantes en carreteras, destrucción de propiedad privada, ataques a conductores y bloqueo del libre tránsito, y que nadie asuma responsabilidades. Nosotros enviamos incluso cartas al fiscal general solicitando acciones de oficio porque estos hechos son delitos penales. Pero la respuesta ha sido insuficiente.
Por eso estamos recurriendo también a la Iglesia Católica, a la Cruz Roja Internacional y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sentimos que en Bolivia se agotaron muchas instancias y que hay un serio deterioro institucional.
—¿Qué papel debería asumir el Defensor del Pueblo en medio de esta crisis?
—Nosotros no esperamos que el Defensor desbloquee carreteras, pero sí que intermedie, que dialogue y que haga respetar los derechos humanos de quienes están atrapados. Porque pareciera que hay más preocupación por liberar a personas detenidas durante hechos violentos que por proteger a miles de ciudadanos perjudicados.
El Defensor debería ir a los puntos de conflicto, hablar con los bloqueadores y exigir condiciones mínimas humanitarias. No puede haber personas enfermas sin medicamentos ni transportistas abandonados durante semanas. Eso también es vulneración de derechos humanos.
—¿Cuánto daño económico dejaron ya estos bloqueos al sector transporte?
—Las pérdidas son enormes. Cada camión pierde entre 1.500 y 2.000 bolivianos por día. Y eso sin contar los productos perecederos dañados o los costos adicionales de los contenedores. Existe incluso normativa que establece que en situaciones de bloqueo no deberían cobrarse ciertos montos vinculados a contenedores retenidos, pero muchas navieras y empresas transnacionales no cumplen.
Aquí también hay un problema estructural: el Estado termina lavándose las manos diciendo que son contratos privados, cuando en realidad esta crisis nace de la incapacidad estatal de garantizar transitabilidad, combustible y seguridad jurídica.
Lo que está ocurriendo golpea directamente a la economía boliviana. Afecta exportaciones, abastecimiento, combustible, logística y empleo. Pero además genera una sensación muy peligrosa: que cualquiera puede paralizar el país y que la ley dejó de tener autoridad.
—¿Qué escenario ve hacia adelante si el conflicto continúa?
—El problema es que Bolivia está entrando en una dinámica muy peligrosa. Si el Estado no cumple su función básica de garantizar orden, libre tránsito y respeto a la ley, la ciudadanía empieza a sentir que debe defenderse sola. Y eso es gravísimo para cualquier democracia.
Nosotros apoyamos acciones de desbloqueo porque necesitamos trabajar y porque el país no puede vivir permanentemente paralizado por grupos que imponen miedo y presión. Aquí ya no hablamos solamente de organizaciones sociales. Estamos viendo comportamientos violentos y mecanismos de coerción que afectan a toda la población.
Lo más preocupante es que esta crisis no solamente deja pérdidas económicas. Está dejando desgaste institucional, tensión social y una sensación colectiva de incertidumbre. Y cuando un país empieza a normalizar eso, el riesgo político y democrático se vuelve mucho mayor.
El Deber