Más allá de una ley antibloqueos e, incluso, de una norma sobre el estado de excepción, debe haber un Ejecutivo que las aplique ante crisis como la que hoy castiga a Bolivia, según la lectura de los analistas Germán “Chunka” Gutiérrez y Arturo “Zorro” Yáñez, quienes remarcan que el bloqueo ya constituye un delito.
La Paz está cerca de cumplir un mes con bloqueos de carreteras y violentas protestas. Demandas sectoriales se convirtieron rápidamente en una exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz por parte de sectores radicales, entre ellos los leales al expresidente Evo Morales, que apuntalan cortes de caminos en otras regiones.
Entretanto, sectores productivos cuestionan al Gobierno por no intervenir.
Para Gutiérrez, abogado y exparlamentario, la discusión sobre la falta de leyes es secundaria frente a la “ausencia definitiva” de la capacidad gubernamental para tomar decisiones y ejecutar las normas vigentes.
Según su criterio, para que cualquier disposición sea cumplida, la autoridad debe poseer voluntad política y fortaleza.
Gutiérrez sostiene que incluso la eventual aplicación de un estado de sitio resulta innecesaria, dado que el Gobierno tiene en la Constitución las herramientas para intervenir, pero carece de la decisión para aplicarlas en resguardo de la seguridad alimentaria y laboral, en referencia a la escasez de alimentos y al encarecimiento de precios en La Paz por efecto de los bloqueos.
¿Ayudaría una ley antibloqueos?
La discusión reflotó en esta crisis. Hay proyectos en la Asamblea Legislativa Plurinacional que no prosperan y recientemente, ante el rechazo de organizaciones sociales, el presidente Paz dijo que Bolivia no necesita una norma de este tipo, sino diálogo.
Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, plantea que, aunque técnicamente se justifica una ley específica debido a un “vacío relativo” en la legislación penal, el problema de fondo sigue siendo la debilidad del Estado para hacerla cumplir.
Cita como antecedente negativo la ley contra el uso de explosivos, que a pesar de estar vigente, no es aplicada, lo que la convierte en “una broma de mal gusto”.
Ambos analistas coinciden en que los bloqueos trascienden la protesta social para convertirse en delitos de extrema gravedad.
Gutiérrez apunta que impedir el paso de alimentos y medicinas constituye delitos de lesa humanidad tipificados en la legislación internacional como delitos de guerra. Yáñez puntualiza que la obstrucción sistemática del suministro de víveres y medicamentos se encuadra en la modalidad de “exterminio”, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En sus palabras, la población se encuentra “inerme” y el país vive como “rehén de minorías”.
Los dos entrevistados por Correo del Sur Radio critican también la falta de una estrategia de prevención. Gutiérrez enfatiza que los servicios de inteligencia del Ejército y la Policía deberían detectar “actos conspirativos” para cortarlos a tiempo, mientras Yáñez cuestiona la pasividad de la Policía, la Fiscalía y las gobernaciones; sugiere que las fuerzas del orden deberían proteger los caminos apenas se anuncian los cortes.
Por otro lado, el Presidente del Conalab subraya que la incapacidad de ejecutar mandamientos de aprehensión en determinadas zonas del país evidencia una pérdida de soberanía estatal; Morales tiene una orden de aprehensión desde hace meses.
Correo Del Sur