Dirigentes de la Federación de Campesinos Tupac Katari y de la organización de Mujeres Bartolina Sisa anunciaron ayer que radicalizaron el cerco contra el departamento de La Paz exigiendo el acortamiento del mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz. La determinación vino con un rechazo a la invitación al diálogo que el miércoles lanzó el propio mandatario. Paz dijo entonces que esa fue la “última vez” que lo hacía después de varias convocatorias fallidas para tratar sus demandas.
Durante el encuentro de ayer que organizó la Iglesia Católica en La Paz se conoció que, en el caso de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal motivo de su inasistencia fue que persiste una orden de aprehensión por delito de terrorismo contra su ejecutivo, Mario Argollo.
En el caso de los campesinos, sus dirigentes también exigen la liberación de los detenidos y amenazaron con no dejar impune la muerte de Víctor Cruz, el joven de 23 años que falleció en circunstancias aún no esclarecidas en la comunidad de Vilaque.
Diálogo sin frutos
“Lamentablemente los sectores que están en conflicto no asistieron (a la mesa de diálogo), el requisito que tienen es que la orden de aprehensión contra su dirigente (Argollo) quede sin efecto. Ayer el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, les dio una garantía verbal, pero para los movilizados no es suficiente”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara.
De esa forma concluyó la primera reunión de la Comisión de Dialogo que buscó una mediación que, finalmente, naufragó.
Además, a la reunión de ayer no asistió ninguno de los cinco veedores internacionales que se anunciaron, entre ellos la Unión Europea, según lamentó la senadora de Libre, Tomasa Yarhui.
Horas antes, el ministro Lupo había deslindado responsabilidad sobre la orden de aprehensión contra Argollo y sostuvo que no podía hablar por otro poder del Estado, en este caso la Justicia.
“No puedo llamar a jueces ni fiscales, pero, hemos dado la garantía para que él (Argollo) si viene a dialogar acá no se va a tomar ningún tipo de acción durante el diálogo, eso tiene que ser así, no se trata de engañar a nadie, tenemos la mayor y mejor voluntad de dialogar”, afirmó el ministro.
Tras el fallido encuentro de ayer, por la tarde, Lupo se retiró del lugar sin dar declaraciones. No obstante, el dirigente de los choferes de transporte pesado Pedro Quispe fue muy crítico y acusó al Gobierno de no hacer las gestiones que se comprometió para dejar sin efecto la orden de aprehensión.
Por otra parte, criticó a las personas que se presentaron como delegados de Derechos Humanos porque protagonizaron discusiones improductivas para resolver el conflicto.
El miércoles, el presidente Paz dio por instaladas las sesiones del Consejo Económico y Social, un espacio para “la construcción de políticas públicas” con la participación de representantes de todos los sectores del país. Cuando surgió esa idea, el mandatario anticipó un ajuste a su gabinete de ministros y, desde entonces, solo se cambió al ministro de Trabajo.
Salazar y otros dirigentes respondieron a esas convocatorias con otro ultimátum para que renuncie, “antes que lo saque una insurrección”.
La senadora Claudia Mallón explicó que el único avance que tuvo el encuentro de ayer en La Paz fue definir la invitación al fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, para que explique el procedimiento jurídico que permita la anulación de la orden de aprehensión contra Argollo. El vicepresidente Edmand Lara lanzó una segunda alternativa, que el Ministerio de Gobierno retire la denuncia y así la Fiscalía podría proceder.
Entre tanto, el senador José Sánchez, manifestó que, si bien en la reunión todos estuvieron de acuerdo en tender un corredor humanitario, no se pudo llegar a ningún acuerdo, porque no asistieron los dirigentes de los bloqueadores.
Entre tanto, la situación en el país se torna más dramática, especialmente en La Paz, donde el combustible para el funcionamiento de vehículos prácticamente se agotó y hay un paro indefinido de transportes. Ayer la ciudad lucía abandonada.
El Deber