El crimen organizado y la violencia le cuestan a América Latina el equivalente al 3,4% de su Producto Interno Bruto (PIB) o un estimado de $us 230.000 millones (FMI: 2025), una cifra que refleja la dimensión económica de un fenómeno que ya no solo afecta la seguridad ciudadana, sino también el desarrollo de los países.
Frente a esa realidad, Bolivia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador decidieron unir esfuerzos y suscribieron el denominado Compromiso de Santiago, una iniciativa regional orientada a combatir de manera coordinada al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y otras formas de delincuencia transnacional.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expuestos ayer en Santiago durante un encuentro que antecedió a la firma de ese compromiso, el costo del crimen en la región equivale al 78% del presupuesto público destinado a educación, duplica los recursos asignados a asistencia social y representa 12 veces el gasto en investigación y desarrollo. El dato sirvió como telón de fondo para esa reunión que congregó en Santiago de Chile a cancilleres y ministros de Seguridad de los cinco países.
Por Bolivia participó el canciller Fernando Aramayo, quien respaldó la creación de mecanismos permanentes de cooperación regional y advirtió que el impacto de las organizaciones criminales trasciende las estadísticas de violencia. “Lo que el crimen nos está arrebatando es desarrollo, está coartando nuestras libertades y nuestra capacidad de entregar a nuestros ciudadanos Estados con certidumbre. Los tiempos en los que nos encontramos requieren acción decidida”, afirmó.
El principal resultado del encuentro fue la creación de un Grupo de Trabajo Regional que reunirá a las entidades competentes de cada país impulsar medidas concretas, medibles y verificables en áreas como intercambio de información, inteligencia financiera, control migratorio, gestión fronteriza y cooperación operativa contra las redes criminales.
El mecanismo comenzará a funcionar dentro de los próximos 90 días y deberá presentar avances en un plazo de 180 días, cuando los gobiernos volverán a reunirse en Buenos Aires para evaluar los resultados. Entre las prioridades figuran el combate al narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y el lavado de activos, delitos que han adquirido un carácter cada vez más transnacional.
El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, anfitrión de la reunión, sostuvo que la naturaleza de las amenazas obliga a los Estados a actuar. “Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas. Hoy nace el Compromiso de Santiago”, puntualizó.
La reunión fue inaugurada por el presidente chileno José Antonio Kast, quien aseguró que los participantes decidieron dejar atrás las respuestas aisladas frente al avance del crimen organizado.
Las autoridades acordaron además presentar el Compromiso de Santiago ante la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para sumar a más países a la iniciativa cotra el crimen organizado.
El Deber