Este viernes comienza en Sucre el Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, un encuentro que, si bien no es el primer intento de transformar la justicia en Bolivia, sí constituye el primer ensayo dentro del nuevo ciclo político que vive el país tras el cambio de gobierno y el cierre de dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El evento, organizado por el Órgano Judicial, reunirá a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial, además de universidades, colegios de profesionales, entidades civiles y el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia.
El presidente Rodrigo Paz Pereira confirmó ayer su asistencia, lo que marca un respaldo político explícito a la intención de encarar una reforma que históricamente naufragó entre la falta de recursos, la interferencia política y la resistencia interna de los jueces.
El encuentro se desarrollará en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de Sucre y contará con la participación de unas 500 personas. Las mesas de trabajo analizarán temas claves como la normativa judicial, el presupuesto, la carrera judicial y la modernización tecnológica.
A diferencia de anteriores procesos iniciados desde el Gobierno central —como ocurrió bajo los mandatos de Evo Morales y Luis Arce— esta vez la iniciativa nace directamente del Órgano Judicial
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, explicó ayer en entrevista con Influyentes del Grupo EL DEBER que la institución decidió tomar la iniciativa ante la disposición de las nuevas autoridades del país. “Este diálogo va a ser el inicio de una reforma judicial que el país necesita”, afirmó Saucedo, al subrayar que existe una apertura inédita para coordinar entre órganos del Estado después del cambio político del 8 de noviembre.
La convocatoria excluye expresamente a los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) —Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo— quienes continúan en funciones desde 2017. Saucedo fue categórico: “No están invitados y si vienen, serán invitados a retirarse”. Solo fueron convocados los cuatro tribunos electos en diciembre de 2024.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, insistió por su lado que la Asamblea debe “saldar la deuda con el país” convocando a elecciones judiciales complementarias para renovar estos cargos.
En su diagnóstico, Saucedo describió uno de los mayores problemas de la justicia: la sobrecarga procesal. Señaló que existen jueces que atienden hasta cinco materias simultáneamente —laboral, civil, familia, niñez y adolescencia— lo que calificó como una “condición inhumana” para cualquier operador judicial.
También denunció la precariedad del sistema. El Órgano Judicial sobrevive con un presupuesto anual de 1.100 millones de bolivianos, equivalente a apenas 0,35% del Tesoro General de la Nación, muy lejos del 5% que, según Saucedo, sería el mínimo para dignificar el servicio. “Hemos tenido emergencias donde no alcanzaba ni para papel o tóner. Así no se puede”, lamentó.
El 70% del funcionamiento se sostiene con recursos propios generados por derechos reales y tasas administrativas. La invitación al cuerpo diplomático apunta a buscar apoyo para la reforma.
Los antecedentes son amplios. En 2022, el relator de la ONU Diego García-Sayán advirtió que la justicia boliviana estaba “lejos de la gente”, con brechas de acceso, impunidad en casos de feminicidio, corrupción y falta de independencia. Su informe coincidió con escándalos de jueces que liberaban criminales a cambio de dinero.
En 2023, unn grupo de juristas independientes logó reunir 833.115 firmas para un referéndum de reforma judicial, pero no logró el mínimo de 1,5 millones. Su balance fue contundente: la justicia boliviana está subordinada al poder político y sostenida por un “presupuesto miserable”.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló recientemente que las reformas fracasaron porque se intentaron conducir desde el Ministerio de Justicia y no desde un consenso “plural, comprensivo y de largo plazo”.
El Deber
