Con el contundente mensaje de “Estados Unidos está atento” lanzado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, el respaldo explícito de Washington al presidente Rodrigo Paz Pereira y la aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción, Bolivia cerró ayer una de las jornadas más importantes desde el inicio de la actual crisis política y social. El apoyo norteamericano se tradujo en una defensa abierta de la legitimidad del Gobierno boliviano, el rechazo a cualquier intento de desestabilización y el compromiso de reforzar la cooperación bilateral, mientras el oficialismo logró encaminar una norma que podría ser aprobada en Diputados y promulgada durante el fin de semana, para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de conmoción interna.
El espaldarazo internacional llegó primero desde el Departamento de Guerra de Estados Unidos y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C), alianza integrada por doce países del continente que coordina acciones contra organizaciones criminales y redes terroristas asociadas al narcotráfico. A través de un comunicado difundido por la embajada estadounidense, Hegseth manifestó el rechazo de la coalición a cualquier intento de derrocar al gobierno constitucional boliviano.
“El Departamento de Guerra y la Coalición Anticartel de las Américas rechazan todo intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente”, señala la declaración. A continuación, el alto funcionario afirmó que “Estados Unidos está atento” y advirtió que Bolivia no debe volver a caer bajo el antiguo esquema de dominio narcoterrorista que durante años afectó a distintas regiones del continente. El secretario agregó que su país continuará apoyando a sus socios regionales para impedir que las organizaciones criminales sigan obteniendo recursos mediante actividades ilícitas vinculadas con la violencia, la muerte y la destrucción.
La señal política fue reforzada pocas horas después mediante una conversación telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Rodrigo Paz. De acuerdo con la información oficial difundida por el portavoz Tommy Pigott, el jefe de la diplomacia estadounidense transmitió al mandatario boliviano el “compromiso inquebrantable” de la administración norteamericana con la democracia en Bolivia y con las tareas de reconstrucción institucional impulsadas por el actual Gobierno.
Durante la conversación, ambos líderes analizaron el complejo escenario nacional derivado de los bloqueos de carreteras y coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad democrática y la seguridad regional. Rubio destacó el interés de Estados Unidos en consolidar una relación de cooperación con Bolivia y reafirmó el respaldo político de la administración del presidente Donald Trump a las acciones emprendidas por Paz para restablecer la normalidad en el país.
El secretario de Estado también informó que Washington está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico destinado a Bolivia para enfrentar la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos generada por los bloqueos. Según la declaración oficial, el objetivo es contribuir a aliviar los efectos de las medidas de presión que, según la posición estadounidense, buscan desestabilizar y afectar la gobernabilidad democrática de Bolivia.
Avanza la norma
Mientras ese respaldo internacional se consolidaba, la Asamblea Legislativa avanzaba en una de las iniciativas consideradas estratégicas por el Ejecutivo. Tras un cuarto intermedio de más de cinco horas, la Comisión de Constitución del Senado concluyó la revisión de los cuatro proyectos existentes sobre estados de excepción y presentó una propuesta unificada que recibió el visto bueno para continuar su tratamiento en el pleno.
Hasta la comisión llegaron los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo; de Defensa, Ernesto Justiniano; y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quienes expusieron los alcances de la propuesta y respondieron consultas de los legisladores. Tras el análisis técnico, se decidió eliminar varios de los 37 artículos contenidos en el documento original.
Tres ministros de Estado acudieron a la sesión del Senado
La sesión fue reinstalada bajo modalidad híbrida debido a las dificultades de transporte ocasionadas por los bloqueos. Senadores presentes en La Paz participaron de manera presencial, mientras otros lo hicieron virtualmente desde distintas regiones del país.
A las 22.30, el pleno el proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción y pasó a la Cámara de Diputados para su correspondiente revisión y sanción. 
La sesión de la Cámara Alta se llevó a cabo de forma híbrida
La iniciativa reglamenta el artículo 137 de la Constitución Política del Estado y establece que, ante amenazas a la seguridad nacional, conmoción interna, amenazas externas o desastres naturales, el Presidente podrá declarar el estado de excepción en todo o parte del territorio nacional.
Asimismo, fija una duración máxima de 90 días, obliga a la Asamblea Legislativa a sesionar de manera permanente una vez conocida la declaratoria y establece que el tratamiento parlamentario no podrá extenderse más allá de 72 horas. También contempla atribuciones específicas para la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de excepción.
El oficialismo espera completar el trámite legislativo en las próximas horas. Si se cumplen esos plazos, la nueva normativa podría ser promulgada durante el fin de semana, en medio de una coyuntura marcada por bloqueos, tensiones políticas y un respaldo internacional que el Gobierno interpreta como una clara señal de confianza hacia la administración de Rodrigo Paz.
Bolivia pide a la CIDH una evaluación ‘equilibrada” del impacto humanitario de los bloqueos
El Gobierno de Bolivia pidió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúe de forma “equilibrada y completa” la crisis derivada de casi un mes de bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que dejan al menos diez muertos, luego de que el organismo expresara su preocupación por el impacto sobre los derechos humanos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores valoró que la CIDH reconociera que los bloqueos “generan afectaciones sobre derechos fundamentales de la población” en el acceso a salud, alimentos, medicamentos y otros servicios, aunque insistió en que también deben considerarse los resultados de las investigaciones oficiales en curso. Asimismo, afirmó que reconocer el impacto humanitario de los bloqueos “exige una visión integral que resguarde simultáneamente las libertades democráticas y los derechos de la población en su conjunto”.
Durante los conflictos han muerto al menos diez personas, siete de ellas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.
EFE