Las bancadas de APB-Súmate y Libre formalizaron este martes una solicitud para la conformación de una Comisión Especial Legislativa, de carácter extraordinario, destinada a investigar las denuncias realizadas por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, sobre el presunto desfalco de $us 15 mil millones atribuido a las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La propuesta fue presentada ante la Presidencia de la Cámara de Diputados y busca activar un proceso de fiscalización inmediata y confiable.
La iniciativa nació de la diputada cruceña Estíbaliz Bravo (APB-Súmate), quien aseguró sentirse “sorprendida e indignada” por los alcances de la presunta corrupción durante las administraciones de Luis Arce Catacora y Evo Morales Ayma.
La legisladora afirmó que el país “no puede mirar hacia otro lado” frente a cifras que revelan un daño económico de proporciones inéditas en la historia nacional.
Bravo señaló que una comisión extraordinaria permitiría establecer responsabilidades políticas y penales con celeridad.
El pedido cuenta con el respaldo de los jefes de bancada de APB-Súmate y Libre, Diego Bráñez y Rafael López, respectivamente. Ambos firmaron el documento presentado ante la oficina del presidente de Diputados, Roberto Castro, que recibió la solicitud dando inicio al procedimiento interno para su consideración en el pleno.
De acuerdo con cálculos preliminares de estos bloques legislativos, una Comisión Especial de estas características podría presentar resultados en un plazo aproximado de dos meses.
La proyección contempla la revisión de informes económicos, auditorías previas, toma de declaraciones y las recientes revelaciones expuestas por el presidente Paz, que han reactivado el debate sobre la magnitud del daño económico atribuido al MAS.
Mientras la solicitud ingresa al circuito legislativo, desde la oposición aseguran que esta investigación será una “prueba de voluntad política” para el Parlamento. Esclarecer la denuncia no solo es un acto de transparencia, sino un paso necesario para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
El Deber
