El exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, regresó este viernes en la madrugada a su natal Tarija, luego de ingresar al país desde Corumbá (Brasil), con el objetivo —dice— de demostrar su inocencia en el proceso por presunto daño económico relacionado con la paralización de la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo.
“Hemos venido a demostrar nuestra inocencia. Tenemos los documentos que buscaban durante la persecución que nos hicieron, cuando allanaron domicilios de mis familiares. No los encontraron porque yo los tengo en mi poder”, afirmó Zamora en entrevista con EL DEBER.
Según explicó, cuenta con tres copias legalizadas de informes técnicos que —asegura— identifican a las personas que, desde el gobierno del MAS, manejaron la etapa inicial del proyecto, forzaron su funcionamiento pese al deterioro de las turbinas y provocaron daños en el gasoducto Carrasco–Cochabamba.
Zamora evitó revelar nombres para no afectar su defensa en el proceso que se ventila en un juzgado de Ivirgarzama (Cochabamba), donde se investiga un presunto daño económico de $us 8,6 millones. A su criterio, esos documentos son la principal garantía para probar su inocencia en la imputación por la paralización de la planta industrial.
La Fiscalía lo acusó por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Estos cargos no fueron probados hasta el momento
Regreso después de cinco años
Zamora retornó al país después de cinco años de permanecer en Brasil bajo un protocolo de refugio. Contó que durante ese tiempo debió desplazarse de un lugar a otro para proteger su vida y subsistir junto a su esposa y su hijo menor.
En territorio brasileño trabajó como conductor de un servicio turístico tipo Uber, y agradeció a varias personas que lo apoyaron durante su estadía. “Hay una familia que no quiero dejar de mencionar, los Melgar, que tienen un emprendimiento en Aguas Calientes, y también el exalcalde Aldo Clavijo, que me cobijó en Corumbá”, expresó.
Zamora señaló que, pese a haber sido absuelto en los casos Senkata, Seguros y la Unidad Médica de Emergencia de YPFB, ahora se presentará ante la justicia para levantar las medidas legales pendientes, como el arraigo y la alerta migratoria.
Su retorno reaviva el debate sobre la paralización de la planta de urea, un proyecto estratégico que generó controversia por su costo, fallas técnicas y decisiones políticas.
El Deber
