“Perjudicaron toda mi carrera, he vivido perseguido seis años, desde 2019. Era el segundo de mi curso (promoción 94), pero a partir de ese año me tienen con procesos penales y disciplinarios, relegándome de la asignación de cargos de comandante de unidades. Todo esto, quiero ser muy claro, fue por cumplir una orden superior: darle seguridad y resguardar la vida del señor Luis Fernando Camacho en 2019”, relató a EL DEBER el coronel Freddy Valda.
El oficial asegura que esa orden se la dio de manera directa el entonces comandante de la Policía, general Yuri Calderón (prófugo desde ese año), el 6 de noviembre de 2019. Durante una llamada telefónica, Calderón le explicó a Valda que también era una instrucción directa del ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Valda fue uno de los más de 60 policías procesados por el motín policial del 8 de noviembre de 2019, cuando los uniformados de Cochabamba iniciaron el desacato de órdenes del Gobierno del MAS que los obligaba a dar resguardo a quienes marchaban y se manifestaban en favor de Evo Morales, contra quien surgieron protestas en todo el país en rechazo al fraude electoral revelado por una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esa fecha, Valda aún ostentaba el cargo de teniente coronel y recuerda que estuvo a cargo del resguardo del ahora gobernador de Santa Cruz desde el 6 de noviembre hasta el 15 del mismo mes. En los videos y fotografías de ese tiempo, Valda aparece a las espaldas de Camacho.
Son esas imágenes las que justamente se usaron como prueba en su contra. Lo mismo pasó con una treintena de uniformados a quienes se les dio de baja de la institución.
“El general Calderón me dijo que era una orden directa del ministro Romero, porque esa fecha yo logré ejecutar con éxito el operativo de evacuación del señor Camacho, desde el aeropuerto de El Alto hacia el hotel de la zona Sur de La Paz. Ellos pedían que se los mantenga informados de todos sus movimientos”, afirmó el oficial que hoy aún afronta un proceso en la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi).
El coronel asegura que, pese a que ese último mes de 2019 y en 2020 hubo un gobierno de transición a cargo de Jeanine Áñez, la persecución en su contra inició por parte del sucesor de Calderón, el general Rodolfo Montero (encarcelado en el gobierno de Luis Arce), y el exministro de Gobierno, Arturo Murillo (actualmente preso en San Pedro), quienes —asegura Valda— instruyeron que se lo mantenga a cargo de una Estación Policial Integral (EPI) de un barrio periférico.
Ya en 2021, recuerda Valda, fue el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori, quien —con el asesoramiento de los funcionarios de la Oficina de Control Interno (OCI), que depende del Ministerio de Gobierno— presentó denuncias penales y disciplinarias contra una lista de uniformados proporcionada por el entonces comandante general, Jhonny Aguilera.
“No sé la razón por la cual se me procesó por el motín policial y otros cargos, ya que nunca participé de las protestas de mis camaradas policías. Como dije, desde el 6 hasta el 15 de noviembre yo cumplí la orden superior que se me dio: resguardar la vida del señor Camacho. Además, siempre he sostenido que, de no haber cumplido esa orden y si el señor Camacho hubiera sufrido un atentado, las protestas sociales hubieran adquirido otro nivel”, manifestó Valda.
EL DEBER llamó y buscó la contraparte del exviceministro Condori y de quien fue su asesor, el suboficial (y actual investigador de la Fiscalía) Tomás Huanca, quienes firmaron las denuncias y asistieron a las audiencias en contra de Valda y todos los policías procesados. Ninguno atendió las llamadas.
“Este suboficial Huanca, además, cumplía la función de asesor en ese Viceministerio, pese a que no había convenio institucional; además, era hombre de confianza de Aguilera”, aseguró Valda.
No obstante, personal del Tribunal Disciplinario de la Policía, en La Paz, informó a EL DEBER que Condori no puede ser hallado, ya que se lo busca para notificarlo con la fecha de una nueva audiencia contra Valda, en la que se podría dictar una sentencia, decretando la baja de la Policía o una absolución.
El coronel sostiene que en su contra solo se presentaron videos y fotos de redes sociales en los que evidentemente resguarda la espalda del ahora gobernador de Santa Cruz. “Pero eso solo prueba que cumplí mi trabajo; por eso considero que los miembros del tribunal dictarán una resolución absolutoria, ya sin la presión política de los anteriores gobiernos”, afirmó Valda.
Asimismo, advirtió que, de confirmarse su inocencia, analizará los fundamentos para un proceso penal en contra de todos sus acusadores, ya que el daño a su carrera policial es irreparable. Detalló que fue relegado de becas, cursos de especialización, nombramientos de comandante y, finalmente, su ascenso se demoró un año.
La resolución de sentencia en la Didipi se dará a conocer este jueves. De recibir un fallo negativo, manifestó Valda, tomará acciones constitucionales y pedirá que se convoque como testigos al gobernador Camacho, al exministro Romero y al exgeneral Calderón, para que respalden los informes que él presentó en su momento, “con la orden cumplida”.
El Deber
