El abogado Eduardo León explicó que la exdirigente de las Mujeres Bartolina Sisa recibió los fondos en cuentas particulares para la construcción de carpas solares y huertas comunales, pero estas obras no fueron ejecutadas.
La exdiputada del MAS Lidia Patty es señalada por un presunto daño económico de Bs 3 millones, relacionado con ocho proyectos fantasmas del ex Fondo Indígena. Ayer, la Fiscalía allanó las oficinas de esa institución en busca de documentos y posteriormente confirmó que emitió una orden de aprehensión en contra de la exlegisladora.
“Sobre el caso del Fondo Indígena, en relación a la señora Lidia Patty, los proyectos eran de carpas solares y huertas comunales. El daño económico es de un millón a tres millones de bolivianos, que se desembolsaron a sus cuentas particulares. Todos estos detalles se conocieron a raíz de la investigación que iniciamos personalmente el año 2014”, declaró a EL DEBER el abogado Eduardo León.
El jurista explicó que Patty era la principal encargada en tres de los proyectos y en otros cinco participó de forma mancomunada con otras líderes de las Bartolinas, entre ellas Felipa Huanca.
En criterio de León, junto a Patty también deberían procesar a otras 20 personas, pero él conoce que solo ocho figuran como acusadas, a la espera de un juicio oral y contradictorio.
“La señora Patty recibió el dinero en una cuenta particular y de manera inmediata trató de distribuir estos montos, según ella. Sin embargo, no existen los proyectos, es decir, jamás se concluyeron”, afirmó el abogado.
En 2015, Patty logró la votación necesaria y accedió al cargo de diputada por La Paz. Luego, en 2021, la dirigente se dedicó a impulsar procesos contra quienes participaron de las protestas en contra del expresidente Evo Morales; el cargo que ocupó recientemente es el de cónsul en Argentina.
Pero antes de eso se constituyó en la denunciante del caso del presunto “Golpe de Estado I”, por el cual fueron encarcelados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; la expresidenta Jeanine Áñez; el exlíder cívico de Potosí Marco Antonio Pumari; exministros de Áñez y jefes militares y policiales, quienes ya fueron liberados. El caso fue cerrado hace solo unos meses y las resoluciones emitidas en ese proceso quedaron nulas.
Ayer, el fiscal Miguel Cardozo realizó un allanamiento a oficinas de lo que hoy es conocido como el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). En colaboración con los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se secuestraron varios indicios.
“Sobre el implemento de ocho proyectos en ocho comunidades, los cuales han establecido un daño económico al Estado. Entre las personas involucradas se encuentra la sindicada Lidia Patty, a la cual se le habrían hecho diferentes depósitos a sus cuentas bancarias”, informó el fiscal Cardozo antes de ingresar a las instalaciones.
El funcionario confirmó por tarde que se emitió una orden de aprehensión, ya que la exdiputada no se presentó a las citaciones para su declaración informativa en el proceso que se le sigue por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Cardozo precisó que, de acuerdo con la investigación, los ocho proyectos presentaban un avance físico del 50%, pero ella recibió el 80% del dinero.
El Fondo Indígena es uno de los casos emblemáticos sobre corrupción en la gestión de Evo Morales, que implica, entre otros dirigentes, a la exministra Nemesia Achacollo. León recordó que, según las autoridades de ese entonces, el daño económico era de Bs 120 millones, pero en su criterio, el monto asciende a los Bs 4.000 millones.
El Deber
