El Órgano Judicial advirtió con paralizar actividades de forma escalonada, comenzando por 24 horas, si el Ejecutivo y el Legislativo no atienden sus demandas de un mejor presupuesto y de aprobación de leyes que están en trámite y apuntan a una modernización tecnológica. Esas son las conclusiones de la Reunión Nacional de Emergencia realizada este lunes en Sucre para analizar la situación de la justicia con la participación de jueces, vocales y asociaciones de magistrados, que otorgaron un plazo de 20 días a los órganos políticos.
A la conclusión de ese encuentro, en una conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que se agotará el diálogo con una nota enviada al presidente Rodrigo Paz, a su gabinete y a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, en un plazo inmediato, se convoque a una reunión con la comisión judicial conformada en Sucre y se pueda responder a las demandas de la justicia ordinaria. Expresó además que los legisladores deben comprometerse a darle un tratamiento prioritario a los proyectos de ley.
“En caso de que estas dos situaciones institucionales no sean atendidas, la justicia también va a parar en el país porque lastimosamente los que respetamos la institucionalidad, el Estado de derecho, los que somos garantes de la justicia, no somos atendidos; pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”, señaló Saucedo.
Explicó que primero habrá un paro de 24 horas y, si es necesario, llegarán hasta una paralización indefinida.
Carlos Ortega, magistrado por Chuquisaca, hizo una presentación de las conclusiones de la reunión de emergencia y mencionó que la priorización del paquete de leyes judiciales que esperan en el Legislativo es la base institucional para acceder a un presupuesto del 5% del Presupuesto General de la Nación, destinado a tecnología, salarios dignos, creación de juzgados y contratación de personal de apoyo jurisdiccional.
Asimismo, defendió la autonomía de la administración de estos recursos tal como lo hacen los otros órganos y que la única instancia que puede controlar es la Contraloría General del Estado.
“¿Qué hacer si la institucionalidad no responde? Si no se da la audiencia pública, el extremo es salir de la institucionalidad y llegamos al siguiente lunes con nuestro paro histórico”, agregó Ortega.
PLAN DE TRABAJO
El Gobierno nacional expresó su rechazo a las medidas de presión anunciadas por el Órgano Judicial y, en su lugar, propuso encarar el conflicto a través del diálogo y la instalación de mesas de trabajo que permitan abordar de manera integral la situación del sistema de justicia.
En esa línea, el Gobierno planteó que las demandas del sector judicial pueden resolverse mediante coordinación institucional y diálogo entre órganos del Estado, evitando escenarios de confrontación.
Gálvez cuestionó que la solicitud de diálogo esté acompañada de advertencias de presión, al considerar que “todos los temas se pueden resolver sentándonos a la mesa, con un plan de trabajo”.
CONVOCATORIA
La Vicepresidencia del Estado respondió a través de un comunicado en el que convoca a una “Reunión de Emergencia Interinstitucional por la Justicia”, para este jueves 2 de julio, a las 8:00, en la ciudad de La Paz, con el propósito de analizar la situación del Órgano Judicial. Invita a las autoridades del TSJ, del TCP y del Tribunal Agroambiental.
Correo Del Sur