El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado llega a julio en medio de una carrera contra el calendario fiscal. El documento presentado por el Gobierno de Rodrigo Paz como una propuesta de ajuste a la programación económica heredada de la administración de Luis Arce todavía aun no se aprueba por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras se acerca una de las etapas clave del ciclo presupuestario: la definición de los techos de recursos para la gestión 2027.
“En realidad ya hay un presupuesto aprobado, es el presupuesto inicial formulado por el gobierno de Luis Arce que se ha ido ejecutando durante toda esta mitad del año y ya estamos más cerca de la elaboración del presupuesto para el siguiente año. Hay plazos establecidos en una resolución para la presentación de los proyectos de presupuesto de gobiernos subnacionales”, explicó el analista en inversión pública de la Fundación Jubileo, René Martínez.
El PGE reformulado constituía una de las principales apuestas económicas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz tras asumir el mando del país el 8 de noviembre de 2025. La primera promesa fue presentar el reformulado hasta febrero; sin embargo, el cronograma comenzó a extenderse y el proyecto fue presentado el 21 de abril en un acto público. A ello se suma una demora de dos meses en el Legislativo para su aprobación.
“La comisión ha decidido postergar (el tratamiento del PGE 2026 reformulado) hasta julio”, informó el Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza el 16 de junio, después de que la Comisión de Planificación de Diputados aceptó una nota de permiso en la cual la autoridad advirtió de su posible ausencia.
El PGE 2026 reformulado se encuentra pendiente de tratamiento, en un escenario donde el calendario presupuestario empieza a concentrar la atención de las entidades públicas.
De acuerdo con la Resolución Bi-Ministerial N° 08 de 2019, emitida por los ministerios de Economía y Planificación del Desarrollo, el Gobierno debe remitir, hasta la segunda quincena de julio, los techos presupuestarios plurianuales y anuales a las entidades territoriales autónomas como Gobernaciones, alcaldías y universidades, entre otros.
Estos techos presupuestarios suelen incluir las proyecciones de recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), la coparticipación tributaria, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), el Fondo de Compensación y las regalías departamentales, para cada una de las entidades autónomas.
En el caso de gobernaciones y municipios, la preocupación prioritaria ya no pasa por la incertidumbre la aprobación del PGE 2026 reformulado, sino por conocer con qué escenario de ingresos deberán realizar sus proyecciones para el siguiente ciclo.
El asambleísta departamental de Santa Cruz Hugo Antonio Romero señaló que las regiones esperan definiciones del Gobierno central, principalmente por el comportamiento de recursos como el IDH y las regalías.
“Lo primero es que tenemos que trabajar en base a la realidad nacional. Y la realidad nacional nos indica que el PGE por más prometedor que sea desde el ejecutivo va a tener una sustancial reducción en el impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH. Sabemos que las regalías departamentales no van a ser ni siquiera por asomo a los que eran la anterior gestión, menos lo que eran a la bonanza del MAS”, apuntó el legislador.
Por su parte el concejal paceño Fabián Yaksic explicó que los gobiernos subnacionales requieren previsibilidad para ordenar su planificación y recordó que el proceso de elaboración del POA de la siguiente gestión se cruza con estas definiciones nacionales.
“Para que se empiece a trabajar el POA 2027, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que remitir los techos presupuestarios de todo lo que es transferencias del nivel central del Estado. Para las gobernaciones es mucho más complicado todavía porque dependen casi en un 100% de los techos presupuestarios que les mande el Gobierno Nacional”, señaló.
La discusión sobre los recursos con los que contarán las regiones para la planificación de sus presupuestos también pasa por el reclamo de una redistribución bajo el esquema 50-50, una propuesta que las gobernaciones esperaban que sea considerada dentro de la nueva orientación fiscal.
El Deber