La Fiscalía General del Estado anunció que tramitará un pedido de cooperación internacional con España para recabar información sobre una investigación vinculada al ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del conflicto judicial entre la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).
La decisión responde a una solicitud presentada por el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón Salguero, quien requirió al Ministerio Público gestionar el intercambio de información con autoridades españolas para esclarecer posibles hechos de corrupción relacionados con ese litigio.
De acuerdo con un documento firmado el 30 de junio por el fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, el requerimiento será remitido a la Unidad de Asuntos Internacionales, encargada de coordinar la cooperación judicial con otros países.
La Fiscalía informó que, una vez concluidas las gestiones, los resultados serán comunicados al gobernador de Chuquisaca en su calidad de máxima autoridad ejecutiva del departamento y representante de una de las entidades copropietarias de Fancesa.
El Ministerio Público recordó que el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal faculta la coordinación de investigaciones internacionales mediante los mecanismos de cooperación previstos por la legislación vigente.
La solicitud surge luego de que se conociera públicamente la participación de José Luis Rodríguez Zapatero como asesor de Soboce, empresa que mantuvo una prolongada disputa judicial con Fancesa por un proceso de competencia desleal.
Ese vínculo abrió un debate político y jurídico en Bolivia sobre una eventual influencia externa en un litigio considerado de alto impacto económico para Chuquisaca.
El conflicto entre ambas cementeras concluyó con un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó una condena cercana a Bs 744 millones contra Soboce por competencia desleal, monto que debía ser pagado a favor de Fancesa.
La Fiscalía aclaró que la decisión comunicada se limita a la admisión y tramitación del pedido de cooperación internacional y no constituye un pronunciamiento sobre la existencia de responsabilidades penales ni sobre los resultados de la investigación que motivó la solicitud.
El Deber