Las medidas de “shock”, anunciadas por el gobierno de Rodrigo Paz el pasado miércoles 17 de diciembre, eran necesarias, pero debieron ser implementadas de forma gradual y ser compartidas también con el sector público, y no solo cargar el peso sobre las familias de los trabajadores y profesionales.
Ese es el punto de vista de al menos tres economistas, quienes dieron a conocer sus posturas mediante las redes sociales.
El economista Gonzalo Chávez afirmó que el llamado “sinceramiento de precios ha sido contundente”.
Puntualizó que la gasolina registró un incremento del 86.1%, pasando de 3.74 a 6.96 bolivianos por litro, mientras que el diésel, el insumo energético más crítico para la estructura productiva, prácticamente triplicó su precio al subir de 3.72 a 9.80 bolivianos, lo que equivale a un aumento del 163%.
Chávez, en su análisis, destaca que “el diésel es el combustible del transporte pesado, la agroindustria y la logística, por lo que su encarecimiento anticipa un efecto cascada sobre los costos de producción y, en última instancia, sobre el precio de los alimentos y bienes básicos”.
La afirmación de este economista se observa ya en el día a día de la población, debido a que los transportistas elevaron hasta en un 100% el precio de las tarifas, y en los mercados, los comerciantes elevaron el costo de los alimentos en un promedio de 50%.
Para tratar de evitar que estas medidas sean muy severas para la población, el economista señala que el gobierno ha desplegado un esquema de compensaciones sociales que operan de manera selectiva. “Por un lado, se decretó un incremento del salario mínimo del 20% (a Bs 3.300), coherente con la inflación proyectada para 2025. Por otro, se reforzó la política de transferencias directas con aumentos significativamente mayores: la Renta Dignidad subió un 43% (de 350 a 500 bolivianos) y el bono Juancito Pinto un 50% (de 200 a 300 bolivianos)”.
“El mensaje es claro: el Estado intenta proteger con mayor intensidad a los sectores no laborales, adultos mayores y estudiantes, mientras confía en que el ajuste salarial sostenga el poder adquisitivo de la población ocupada”, puntualiza Chávez.
Sin embargo, el economista observa que las compensaciones están fuertemente concentradas en el sector formal de la economía, tanto a través del salario mínimo como de los bonos administrados por el Estado, pero deja al margen al 80% de la población económicamente activa que se encuentra en el sector informal.
Asimismo, observa que si bien el aumento del salario mínimo busca preservar el ingreso real de los trabajadores formales, introduce una presión adicional sobre las empresas privadas, muchas de las cuales ya operan en un contexto de recesión, caída de ventas y restricciones financieras.
Un tema pendiente, según Chávez, es saber qué pasará con las tarifas del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental.
“Un ajuste en estos precios podría amplificar el impacto inflacionario sobre los hogares, mientras que su congelamiento trasladaría las pérdidas a transportistas ya afectados por el alza de costos”, advierte.
Finalmente, el economista señala que el gobierno pudo haber adoptado medidas más duras del lado del gasto público, como el cierre de empresas estatales deficitarias, recortes significativos en planillas salariales del sector público o una racionalización más agresiva del aparato estatal.
“Al no abordar estos frentes, el ajuste recae de manera desproporcionada sobre los precios y el ingreso real de los hogares, en lugar de distribuir los costos entre el sector público y privado”.
¿OTRAS MEDIDAS? El economista Stasiek Czaplicki Cabezas advierte, a raíz de las medidas asumidas por el gobierno, que “preocupa y no poco… que al ajustar el cinturón nos terminen asfixiando”.
Añade que es también preocupante que el gobierno haya lanzado esta medida “sin una red de contención social mínimamente digna”.
“Preocupa que este no sea el único gasolinazo, pero sí el primero, y posiblemente el más duro, de una serie que se avecina si no logran frenar la sangría de divisas y estabilizar la tasa de cambio”.
El economista señala que preocupa también que la implementación de estas medidas “desate una espiral, de precios, de ajustes salariales, de expectativas inflacionarias… sin respaldo fiscal ni político real. Y sin horizonte”.
AJUSTE SÍ, PERO NO ASÍ La implementación de estas medidas era inevitable, sin embargo, este ajuste “llega tarde y forzado por las circunstancias”, según el economista Gonzalo Colque.
“El decretazo, en muchos sentidos, era inevitable. Mantener la subvención con dólares que Bolivia ya no tiene dejó de ser una opción”, puntualiza.
Explica que la lógica de la medida es relativamente simple. Al subir los precios de los combustibles, el gobierno espera recaudar más (en bolivianos) y gastar menos en dólares. También espera reducir la importación de combustibles, bajo la premisa de que el alza desincentivará el contrabando y el consumo excesivo.
Añade que el problema es que se trata de una medida muy agresiva y de alto riesgo. La presión inflacionaria puede ser demasiada, tanto que el tipo de cambio termine disparándose, hasta desencadenar una espiral inflacionaria generalizada.
“El punto crítico es que nuestro problema de fondo no es en bolivianos, sino en dólares. Si el ajuste desata inflación, la reacción obvia de la gente será refugiarse en el dólar. Si, además, el gobierno intenta comprar dólares con los bolivianos recaudados, aumentará más la demanda de divisas. Y si el tipo de cambio sube y sube, encarecerá la importación de gasolina y diésel, pudiendo llevarnos hasta un “punto de no retorno” donde la recaudación obtenida comience a evaporarse. Si esto ocurre, el ajuste habría sido en vano”, reflexiona.
“Entrar al quirófano era inevitable, optar por una cirugía de alto riesgo, no”, finaliza el economista.
Opinión
