A pocos días de su promulgación, el Decreto Supremo 5503 de “emergencia económica, financiera, energética y social” comienza a mostrar efectos adversos en el sector de las micro y pequeñas empresas (mypes), considerado uno de los principales pilares del empleo en Bolivia.
Dirigentes del sector alertaron que el incremento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300 para 2026 —desde los Bs 2.750 vigentes en 2025— junto con la eliminación de la subvención a los combustibles, está elevando los costos de operación, reduciendo ventas y agravando una situación que este año ya derivó en el cierre de unas 10.000 unidades productivas y el despido de hasta 50.000 trabajadores.
Juan Carlos Vargas, secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), afirmó que el aumento salarial cercano al 20% significa unos Bs 4.000 mensuales, tomando en cuenta aspectos como aporte patronal, seguridad social y el aguinaldo. “El sector está luchando por sobrevivir y, en vez de impulsarnos, se nos recarga otro compromiso que genera total incertidumbre”, señaló.
Vargas advirtió que el impacto va más allá del cierre de empresas. “Este gobierno es irresponsable. No solamente va a haber despidos, tampoco vamos a poder contratar. ¿Dónde queda la juventud que sale de las universidades y de los institutos técnicos?”, cuestionó, al recordar que las mypes concentran una parte importante del empleo formal en el país.
La eliminación de la subvención a los combustibles es otro de los puntos críticos. Vargas explicó que el alza del diésel y la gasolina encarece el transporte de materias primas y productos terminados, elevando los costos de producción. “Nuestros costos se van a duplicar y eso se recarga al precio final. Hoy la población se vuelca a comprar arroz, azúcar o aceite y deja de lado la manufactura nacional. Pedimos que se abrogue el Decreto 5503”, advirtió, señalando que el gobierno no ha respondido a las solicitudes de reunión desde noviembre.
Por su parte, Félix Huaycho, secretario general de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype), lamentó que el decreto se haya lanzado a fin de año. “Estas fechas siempre eran clave para cubrir deudas, pero ahora el consumo está bajo y la preocupación es generalizada”, añadió.
Huaycho señaló que el sector textil, al que pertenece, está viendo cómo el precio del dólar paralelo influye en el precio de las telas importadas, que llegan hasta Bs 70 el metro. “Estamos viendo que el gobierno sólo se reúne con empresas tradicionales, que no pasan más de 20 en Bolivia. Siempre han estado con los gobiernos de Evo Morales, con Luis Arce, pareciera que esas empresas no pueden desarrollarse y sostenerse solas sin el Estado”, aseveró.
Mayor presión
Para el analista económico Fernando Romero, las medidas del Decreto 5503 generan una presión adicional sobre las mypes, con riesgos claros para el empleo y la formalidad. “Más costos empresariales implican menor margen para contratar e incluso despidos”, explicó.
A su criterio, el efecto combinado puede acelerar el alza de precios y profundizar la informalidad laboral. “Eso, pues, tiene riesgo de seguir engrosando la gran informalidad laboral que existe en el país. Y es ahí donde se debería haber profundizado mediante políticas públicas, en las cuales se faciliten la creación y la sostenibilidad”, dijo Romero al advertir que el impacto provocará el cierre de más unidades productivas.
El Deber
