Suman denuncias contra Eduardo del Castillo; víctimas se adhieren a procesos en su contra

Las denuncias contra el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, continúan en aumento. Este martes, Marco Antonio Aramayo, descendiente del principal denunciante del caso Fondo Indígena (también llamado Marco Aramayo), se apersonó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para presentar una denuncia verbal por presuntas amenazas de muerte, que según afirmó se registraron desde el día anterior.

Caso Fondioc

Aramayo señaló que esta es la segunda vez que solicita garantías, debido a la recurrencia de las amenazas, y explicó que el objetivo es dejar un precedente para que el caso sea investigado y quede en conocimiento de la Policía y la opinión pública.

Además, anunció que se adherirá a la denuncia presentada por el abogado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, al considerar que Del Castillo tendría responsabilidad en el caso Fondo Indígena por su rol como autoridad de alto nivel.

“Tiene responsabilidad por haber sido un funcionario de alto cargo dentro del gobierno. Creo que tienen que ver un juicio de responsabilidades. En su momento, la justicia se va a encargar de juzgarlo”, manifestó.

Por su parte, Joel Lara, abogado de la familia Aramayo, confirmó la adhesión a la denuncia ya presentada ante el Ministerio Público y sostuvo que durante la gestión de Del Castillo se habrían encubierto las torturas y vejámenes sufridos por Marco Antonio Aramayo padre en los distintos recintos penitenciarios por los que pasó.

Del Castillo es aprehendido en Santa Cruz 

Cabe recordar que la mañana de este jueves, el abogado Martín Camacho (representante legal del gobernador cruceño), presentó una denuncia contra el expresidente Luis Arce y el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por su presunta participación en el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho.

En ese marco, solicitó la aprehensión inmediata de Del Castillo, destacando el alto de riesgo de fuga. El caos legal contra Del Castillo se desató luego de que la madrugada de este martes el exministro fuera interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Chile, desde donde tenía previsto continuar su viaje hacia China.

Otras denuncias 

A estas acciones legales se sumó el abogado Carlos Gaity, quien también se declaró víctima del exministro y anunció que formalizará su adhesión a las denuncias. Gaity afirmó que en 2024 se le habría armado un proceso judicial que vulneró su dignidad, honor y derechos fundamentales, afectando además a su entorno familiar y laboral.

«El año pasado se me arma un caso en el cual, al no encontrar a los responsables directos, por el simple hecho de ejercer mi trabajo como abogado, me presentaron como un reo rematado ante la opinión pública. Violentaron mi honor, mi dignidad, la de mi familia. Tengo amigos, clientela…he perdido mucho y este señor ha abusado de su autoridad sin tener veracidad en la relación de los hechos de mi caso», lamentó en un contacto en vivo con el Análisis Informativo ED24 de EL DEBER. 

Asimismo, indicó que fue tratado como «el peor maleante» ante la opinión pública. 

En puertas de la FELCC se mantiene una vigilia de personas que aseguran haber sido víctimas de vulneraciones a sus derechos durante la gestión de Del Castillo. Entre ellas, Nelly —una de las participantes— relató que fue detenida junto a otras mujeres y hombres mientras defendían instituciones públicas en Santa Cruz. 

Denunció que sufrió agresiones físicas y falta de atención a las denuncias presentadas en su momento. 

«Somos 15 mujeres que fuimos detenidas, vulneradas en nuestro derecho y dos hombres. Hace dos años y cinco meses que pasó de todo esto y Eduardo del Castillo junto con Marianela Prada ordenaron la detención de todos esos activistas. Nosotros éramos tres mujeres que estábamos en la Omar Chávez. Los masistas vinieron y nos agredieron», indicó la mujer. 

Los denunciantes coincidieron en exigir que los procesos avancen y que las autoridades competentes investiguen los hechos, advirtiendo que permanecerán en vigilia para evitar una eventual liberación del exministro mientras se esclarecen las acusaciones.

El Deber