El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), David Quispe Machaca, fue aprehendido la noche del viernes y trasladado a dependencias policiales, en el marco de la investigación por los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio de este año.
De acuerdo con los antecedentes, el dirigente es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y contra los servicios públicos, tipificados en el Código Penal.
El Ministerio Público sostiene que Quispe habría tenido participación en las movilizaciones que comenzaron el 1 de mayo, tras el paro indefinido declarado por la Central Obrera Boliviana (COB), conflicto que se intensificó desde el 5 de mayo en el departamento de La Paz.
Según la Fiscalía, en su condición de secretario ejecutivo de la Csutcb, el dirigente convocó a ampliados y cabildos sindicales, además de emitir declaraciones públicas vinculadas a las medidas de presión.
Con base en esos elementos, una comisión de fiscales emitió un mandamiento fundamentado de aprehensión en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, el cual fue ejecutado la noche del viernes.
Actualmente, Quispe permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de que el Ministerio Público formalice la imputación y solicite la aplicación de medidas cautelares.
El proceso se encuentra bajo control jurisdiccional del Juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, dentro de una causa impulsada por el Ministerio de Gobierno contra Quispe y otras personas por la presunta organización y ejecución de los bloqueos.
La aprehensión ocurre en el contexto de una investigación más amplia que desarrolla la Fiscalía paceña. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó recientemente que existen 114 procesos penales en curso, con 335 personas investigadas por distintos hechos relacionados con el conflicto.
De ese total, 75 investigaciones fueron iniciadas de oficio por el Ministerio Público y 26 personas cumplen detención preventiva, mientras continúan las diligencias para identificar responsabilidades penales.
Las cifras oficiales superan las estimaciones difundidas previamente por algunos dirigentes campesinos, quienes habían señalado que alrededor de 250 afiliados eran objeto de persecución judicial y, por ese motivo, declararon a sus organizaciones en estado de emergencia.
El Ministerio Público también confirmó que las investigaciones continúan y no descarta nuevas actuaciones.
En ese marco, el fiscal Torrez precisó que el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, no cuenta con una orden de aprehensión dentro de estos procesos, aunque recordó que existe un mandamiento pendiente correspondiente a una causa anterior.
Correo Del Sur