Mientras Bolivia enfrenta una nueva temporada de incendios forestales, la senadora de Unidad Nacional, Marcela Guerrero, presentó un proyecto de ley que plantea sancionar con hasta 30 años de prisión a las personas que provoquen incendios que ocasionen muertes, destruyan áreas protegidas o generen graves daños ambientales y económicos.
Durante una entrevista en el programa On- Otra Noche con Sissi, que se emite por EL DEBER, la legisladora sostuvo que la actual legislación resulta insuficiente para frenar este tipo de delitos y aseguró que las bajas sanciones favorecen la reincidencia.
«Hoy por hoy es legal quemar. Con un fósforo que cuesta cinco bolivianos se puede provocar un daño enorme y las multas son ínfimas», cuestionó Guerrero, al referirse a las normas que regulan el uso del fuego para desmontes.
La propuesta legislativa busca modificar el Código Penal mediante la creación de un nuevo capítulo sobre delitos contra el patrimonio natural y los ecosistemas, elevando las penas cuando los incendios ocasionen consecuencias graves.
Según explicó la senadora, la condena máxima de 30 años se aplicaría cuando los incendios provoquen la muerte de personas, destruyan áreas protegidas, afecten comunidades, viviendas, infraestructura pública o privada, fuentes de agua o causen daños irreversibles a la fauna y la flora.
«No es una sanción excesiva por el daño que estamos viviendo. Quien destruye bosques, mata animales, contamina el agua y pone en riesgo vidas humanas debe asumir las consecuencias», afirmó.
La iniciativa también contempla la creación de fiscalías especializadas en delitos ambientales, con el objetivo de fortalecer la investigación y sanción de los responsables de incendios provocados.
Guerrero recordó que en la anterior gestión, el Senado aprobó la abrogación de un paquete de normas conocidas como «leyes incendiarias», entre ellas la Ley 741 y la Ley 1171, que regulan desmontes y quemas controladas. Sin embargo, aseguró que esos proyectos permanecen paralizados en la Cámara de Diputados.
A su juicio, la eliminación de esas normas y la aprobación de nuevas sanciones penales deben avanzar de manera simultánea. «Las dos medidas son importantes. Hay que eliminar las normas que facilitan las quemas, pero también llenar el vacío legal con penas ejemplares para quienes provoquen estos desastres», sostuvo.
La legisladora también advirtió que existirían presiones para impedir el tratamiento de estas iniciativas en la Asamblea Legislativa.
El proyecto fue presentado en un contexto marcado por nuevos incendios forestales en distintas regiones del país. De acuerdo con el Gobierno, los focos registrados en Santa Cruz y Cochabamba fueron controlados, mientras que los mayores esfuerzos de combate se concentran actualmente en el departamento de Tarija, donde persisten varios incendios activos.
Para Guerrero, la magnitud de los incendios registrados durante los últimos años evidencia la necesidad de endurecer la legislación.
«Estamos hablando de criminales ambientales. No podemos permitir que quienes ocasionan semejante destrucción continúen actuando sin temor a la ley», concluyó la senadora.
El Deber