Imputan y piden seis meses de cárcel para exdirectora jurídica de YPFB


La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva en la cárcel de Palmasola para Daniela Durán, exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dentro de la investigación por la denominada ‘gasolina basura’, combustible que fue comercializado y que provocó daños en los motores de vehículos en diferentes departamentos del país.

Durán fue trasladada este martes desde Santa Cruz hasta La Paz, luego de haber sido aprehendida el lunes tras presentarse voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público. En la sede de Gobierno deberá comparecer ante un juez cautelar, que definirá su situación jurídica.

La imputación formal presentada por la Fiscalía atribuye a la exfuncionaria los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El Ministerio Público sostiene que Durán sería, con probabilidad, autora de los hechos investigados y argumenta la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización.

Por esos motivos, la Fiscalía pidió que permanezca seis meses con detención preventiva en Palmasola, mientras avanzan las investigaciones.

El traslado a La Paz representa un cambio respecto al escenario inicialmente anunciado por la Fiscalía. El lunes, el fiscal Alberto Hurtado había informado que Durán permanecería en Santa Cruz y que, debido a que el proceso se encuentra radicado en La Paz, su audiencia cautelar se realizaría de manera virtual.

Sin embargo, durante la madrugada de este martes la exdirectora jurídica fue trasladada hasta la sede de Gobierno en un vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BoA), bajo custodia policial.

Ahora será la autoridad jurisdiccional de La Paz la que defina si corresponde aceptar la solicitud de detención preventiva planteada por el Ministerio Público o disponer otra medida.

La Fiscalía sostiene en la imputación que la Gerencia Legal de YPFB tenía una función transversal de asesoramiento en la elaboración y revisión de contratos de la estatal petrolera.

El documento señala que la posición jerárquica que ocupaba Durán le imponía un deber especial de diligencia respecto de los actos jurídicos sometidos a su conocimiento, particularmente aquellos relacionados con contratos de alto impacto económico y con actividades reguladas.

La investigación busca establecer si existieron responsabilidades en la adquisición e importación del combustible que posteriormente fue identificado como gasolina desestabilizada o de mala calidad.

Durán no es la única exfuncionaria o autoridad investigada dentro del caso. El proceso también alcanzó al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, quien fue aprehendido anteriormente y posteriormente obtuvo medidas para defenderse en libertad.

También están involucrados otros ejecutivos de YPFB, entre ellos el gerente general de YPFB Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez; el gerente comercial de YPFB, Nelson Alejandro Mendoza; y el gerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Cuéllar Pinto.

Además, el Ministerio Público indaga una denuncia relacionada con la presunta compra con sobreprecio de combustible a las empresas Trafigura y Vitol.

La audiencia de Durán será clave para determinar si la exdirectora jurídica de YPFB permanecerá detenida preventivamente mientras avanza la investigación por el caso que generó reclamos de propietarios de vehículos afectados por la comercialización del combustible.

El Deber