Las víctimas del denominado ‘caso terrorismo’ abrieron un nuevo frente judicial con una denuncia penal contra 153 personas, entre exautoridades del gobierno de Evo Morales, fiscales, jueces, exmagistrados, policías y otros funcionarios a los que atribuyen distintos grados de responsabilidad en las muertes, detenciones y vulneraciones de derechos ocurridas durante el operativo del Hotel Las Américas y el proceso posterior.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por David Sejas, expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC); Alfredo Saucedo, exsecretario de esa organización; y Juan Carlos Guedes, exasesor de la UJC.
Sejas explicó que la acción se enmarca en las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que las víctimas acudieran al sistema interamericano para denunciar las afectaciones sufridas durante el proceso judicial.
Guedes señaló que el memorial, acompañado de documentación y pruebas, pretende que la Fiscalía determine el grado de participación de cada uno de los denunciados. Entre los nombres mencionados figuran David Choquehuanca, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Alfredo Rada y Sacha Llorenti, además de exfiscales generales, fiscales, operadores de justicia y exintegrantes de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC).
Los denunciantes atribuyen a los señalados delitos como asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, lesiones, amenazas y resoluciones contrarias a las leyes.
El abogado Gary Prado respaldó el derecho de las víctimas a buscar justicia y reparación por los daños sufridos durante los procesos ‘Terrorismo 1 y 2’. Sin embargo, cuestionó la forma en que fue presentada la denuncia y advirtió que podría ser rechazada por errores formales, entre ellos la inclusión de personas fallecidas entre los denunciados.
El Deber