Este lunes 17 de agosto se cumple un año de las elecciones generales que marcaron el cierre de dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS) y abrieron una nueva etapa política en Bolivia. Además de definir la sucesión presidencial (que tuvo que resolverse en segunda vuelta), aquellos comicios configuraron una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con una mayoría opositora y alimentaron la expectativa de millones de bolivianos de iniciar una gestión diferente.
El resultado electoral dejó al Partido Demócrata Cristiano (PDC) como la primera fuerza parlamentaria, con 70 legisladores entre senadores, diputados y representantes supraestatales. La Alianza Libre se consolidó como segunda fuerza, con 53 representantes, seguida por Alianza Unidad, con 35. También obtuvieron presencia Alianza Popular, con ocho diputados; APB Súmate, con cinco diputados y un senador; y el MAS-IPSP, con dos diputados plurinominales.
La nueva correlación de fuerzas hacía prever una Asamblea capaz de respaldar reformas largamente postergadas. Con las fuerzas opositoras sumando más de dos tercios de los escaños, surgió la posibilidad de avanzar en cambios económicos, atraer inversiones, modernizar el sector hidrocarburífero y discutir una reforma parcial de la Constitución.
El entusiasmo también respondía a un diagnóstico crítico de la situación del país: caída de las reservas de gas, pérdida de mercados, escasez de dólares, restricciones para el aparato productivo, desabastecimiento de combustibles y una crisis energética que comenzaba a profundizarse.
Sin embargo, un año después, buena parte de esas expectativas enfrenta una realidad distinta. El entendimiento inicial entre las principales fuerzas parlamentarias se debilitó y la Asamblea volvió a quedar atrapada en disputas políticas que dificultan la aprobación de reformas estructurales y el Ejecutivo tampoco consiguió consolidar plenamente el respaldo generado por el cambio político.
Hoy, mientras productores enfrentan dificultades para la campaña agrícola y ciudadanos y transportistas todavía soportan largas filas por combustible, la promesa de transformación sigue pendiente. Las leyes económicas estratégicas, la reforma institucional y otras medidas de fondo aún no alcanzan la dimensión esperada hace un año.
Las elecciones de 2025 demostraron que el voto puede modificar el mapa político. Según analistas, el desafío ahora es convertir ese mandato en resultados. La esperanza depositada en las urnas no se agotó, pero requiere acuerdos, liderazgo y capacidad de poner las urgencias nacionales por encima de las disputas partidarias.
El Deber