El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, evitó este martes la censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tras ser interpelado por la crisis de desabastecimiento de diésel, en una sesión en la que denunció la existencia de redes de corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

De un total de 161 diputados y senadores presentes, 76 votaron por el voto puro y simple, lo que supuso el respaldo al informe de la autoridad; 50 legisladores se abstuvieron y 35 respaldaron la censura, un número insuficiente para separar al Ministro de su cargo. Los votos de las bancadas de Unidad y Libre, junto con facciones del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de APB Súmate, resultaron determinantes para que Blanco continúe en funciones.
Al inicio de su intervención, el Ministro volvió a pedir disculpas al país por la persistencia de las filas en los surtidores y afirmó que el problema “va más allá de la buena voluntad” del actual Gobierno. Fue entonces cuando responsabilizó a estructuras internas de las entidades estatales por la falta de combustible. “Hay una mafia enquistada en YPFB, en la ANH. Están contrabandeando con los combustibles, y esta es una de las razones primordiales por las que no contamos en las estaciones de servicio con el diésel”, sostuvo ante el pleno.
Blanco detalló que se desplegó un operativo militar-policial con más de 300 efectivos para enfrentar el contrabando, aunque admitió que los resultados no fueron los esperados. “Seguimos teniendo problemas con logística”, reconoció. Según explicó, parte de las demoras responde a controles más estrictos en la cadena de distribución, aplicados a partir de la normativa que emitió el Gobierno para evitar el ingreso de combustible de mala calidad. “Con ese decreto hay demoras, pero permite que la gasolina basura no vuelva a estar en los automóviles de nuestros compatriotas”, explicó el Ministro.
La autoridad también reveló que el Estado mantiene una deuda de 463 millones de dólares con Trafigura y 583 millones de dólares con Vitol, sus principales proveedores, lo que suma 1.046 millones de dólares.
Por otro lado, ratificó que el Gobierno no tiene intención de privatizar YPFB, aunque planteó la necesidad de reformar la empresa. “No es la intención del Presidente hacer eso, pero sí hay que reformar esa empresa que la han destrozado durante 20 años”, señaló.
Durante la sesión, la diputada de Libre Kathia Quiroga advirtió que, de no cambiar el rumbo, “la gobernabilidad va a entrar en un terreno que no se podrá solucionar”, mientras el senador José Manuel Ormachea anticipó que su bancada interpelará nuevamente al Ministro, si en un plazo de 30 días no se resuelve el desabastecimiento de combustibles.
INTERPELACIÓN
La Asamblea Legislativa programó para este miércoles una nueva interpelación, esta vez contra el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El acto interpelatorio se fijó para las 11:00.
Correo Del Sur