Vencieron las 48 horas concedidas al Gobierno para responder al pedido de anulación del Decreto Supremo 5676 y los productores de Yapacaní evalúan retomar las movilizaciones ante la falta de una respuesta oficial y el insuficiente abastecimiento de diésel.
Hernán Cabrera, dirigente del sector productivo, informó que el directorio de Codepro analizó la situación sin la participación de representantes del Gobierno. Las organizaciones mantienen firme su exigencia de abrogar la norma, a la que consideran perjudicial para la producción.
“El sector productivo no está para perder el tiempo. Tenemos retrasada la siembra de invierno, no hemos terminado y ya viene la preparación para el verano”, advirtió Cabrera.
El plazo comenzó a correr después de la reunión celebrada el 25 de agosto entre productores y autoridades nacionales. En el acta, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, se comprometió a presentar ante el gabinete el pedido de anulación del decreto en un plazo de 48 horas.
El documento no establecía la abrogación automática de la norma, pero sí la gestión de la demanda ante el gabinete. Cumplido el tiempo acordado, Cabrera aseguró que los productores no conocen una respuesta oficial.
“Creo que el Gobierno no tiene miras de anular el decreto”, afirmó.
Las organizaciones definirán nuevas medidas
Cabrera señaló que las centrales, los sindicatos y la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios de Yapacaní deberán reunirse para decidir las acciones que asumirán.
El dirigente aclaró que corresponde a esas organizaciones definir una posible movilización, aunque anticipó que el sector debe prepararse para exigir el cumplimiento de sus demandas.
También planteó respaldar a los productores que mantienen un bloqueo en San Pablo. Sin embargo, no anunció una fecha ni confirmó la instalación de un nuevo punto de protesta en Yapacaní.
“Tenemos que movilizarnos y ser más exigentes para que se cumpla la anulación del decreto y haya abastecimiento de diésel para el sector productivo”, sostuvo.
Los productores permanecen en estado de emergencia hasta que el DS 5676 sea abrogado y la decisión se publique en la Gaceta Oficial del Estado, según el acuerdo firmado con las autoridades.
Una cisterna para cinco centrales
El otro compromiso asumido durante la reunión fue abastecer a los productores mediante surtidores móviles. Cabrera confirmó la llegada de una cisterna con 24.000 litros de diésel, pero aseguró que el volumen fue insuficiente.
El combustible tuvo que distribuirse entre cinco de las nueve centrales de Faja Norte. Otro surtidor móvil debía atender posteriormente a las zonas de Pozos, Yapacaní, Victoria del Norte y Boquerón.
“No alcanza”, insistió Cabrera. Según su cálculo, la zona necesita al menos tres cisternas por semana, cada una con una capacidad de entre 30.000 y 35.000 litros, para aliviar parcialmente la demanda.
El dirigente reconoció que el abastecimiento móvil permite atender algunas necesidades inmediatas, pero remarcó que no constituye una solución definitiva.
Reclaman volver al cupo de 5.000 litros
Cabrera denunció que cada productor recibe actualmente 120 litros de diésel al mes, una cantidad que considera insuficiente para poner en funcionamiento tractores y otras maquinarias agrícolas.
El sector exige recuperar el cupo anterior de 5.000 litros mensuales por productor. Cabrera reconoció que esa cantidad tampoco resolvería todo el problema, pero permitiría continuar las labores agrícolas con mayor regularidad.
Según el dirigente, la restricción de 120 litros ya fue aplicada en tres entregas realizadas mediante surtidores móviles.
“Queremos una solución definitiva porque no podemos estar todo el tiempo pensando qué vamos a hacer o si tendremos que estar en una fila. Nosotros queremos trabajar tranquilos”, concluyó.
El Deber